Es una vergüenza magna que los funcionarios del actual gobierno en tres años no hayan solucionado el pago de las referidas deudas y con ello empujan al CIC a realizar un intenso programa de actividades de protestas públicas”.
SANTO DOMINGO.- En el vaivén al que diversos gobiernos han sometido un grupo de 107 contratistas a los que el Estado dominicano les adeuda 385 millones de pesos, un nuevo argumento ha surgido en las diligencias que estos hacen desde diversos escenarios para que les paguen sus servicios, según denunciaron ayer los afectados.
La Mesa de Cobro del Comité Institucional Codiano (CIC) afirmó que algunos funcionarios del actual gobierno están desinformando al presidente Luis Abinader respecto al estatus legal de los expedientes que la actual gestión ha certificado.
“Esos mismos funcionarios, empoderados por el presidente Abinader para resolver el pago de esas acreencias, en tres años que tiene el presente gobierno han sido ineficientes y en la actualidad intentan desmeritar los reclamos de pago de los contratistas”, dijeron los afectados en rueda de prensa.
Se refirieron al planteamiento que habría hecho Jose Lois Malkun, exgobernador del Banco Central y actual asesor del Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED), quien, según los demandantes, dijo en un programa televisivo que esas deudas viejas con los contratistas no se pueden pagar porque no cumplen con los actuales requisitos legales, “en clara alusión a la ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas”.
Señalaron que igualmente el viceministro de la presidencia, Víctor Sánchez, ha argumentado que no se ha procedido al pago de las deudas a los contratistas debido a que hay problemas por falta de documentación.
Puntualizaron los representantes del CIC que dentro de las deudas viejas hay dos grupos, uno que corresponde a obras que fueron contratadas y entregadas antes de la promulgación de la ley 340-06 y un segundo que corresponde a obras contratadas bajo los términos de esa legislación.
“En el caso del primer grupo es incorrecto querer aplicar retroactivamente la ley 340-06. Lo que corresponde es aplicar el ordenamiento jurídico bajo el cual fueron contratadas”.
Agregaron que el otro grupo de deudas viejas corresponden a contratos realizados bajo los términos de la ley 340-06, los cuales cumplen con todos los requisitos legales actuales, “pero los funcionarios empoderados no se han molestado en resolverlos».
“En los pronunciamientos de Malkun nosotros advertimos un intento, por parte de las actuales autoridades, de desmeritar nuestros reclamos de pago, lo cual representaría el abuso de poder más grande que haya ejercido gobierno alguno contra los reclamos del pago de deudas viejas a contratistas de obras estatales”, expusieron.
Dijeron que Víctor Sánchez les ha comunicado que el presidente Abinader tiene interés en resolver el tema, pero que no se le ha podido presentar una propuesta porque hay problemas referentes a la falta de documentación.
Reconocieron que algunos expedientes sobre deudas por cobrar adolecen de determinada documentación, pero que no se trata de una situación general. “ Hay muchos casos que no tienen ese problema y no se ha procedido al pago”.
Para el grupo de contratistas resulta preocupante el hecho de que en los tres años que tiene el actual gobierno, los funcionarios a los que Abinader encomendó resolver el tema lo único que han hecho es sugerir la aprobación de una ley especial que ordene al Ministerio de Hacienda realizar el pago de esas acreencias y que actualmente, el viceministro financiero del MIVHED, Juan Luis Julia Cala, plantea lo mismo.
Apuntaron que por otro lado el viceministro de Hacienda, Derby de los Santos, le ha dicho a varias comisiones del CIC que no es necesario aprobar una ley especial para pagar las deudas viejas, “con lo cual nosotros coincidimos pues ello implicaría una infracción a la legalidad administrativa que se imputa a un contrato firmado y legalizado entre las instituciones contratantes del gobierno y los adjudicatarios.
Explicaron que en su amplio recorrido de reclamos han tenido contacto con el director de Presupuesto José Rijo y con el expresidente de la Republica Hipólito Mejía quien les sirvió de mediador para remitirle al presidente Abinader la relación de la deuda.
“Los gobiernos que hemos tenido en los últimos 27 años han pisoteado la dignidad de centenares de profesionales de la construcción y ejercido un abuso de poder sin parangón. Es una vergüenza magna que los funcionarios del actual gobierno en tres años no hayan solucionado el pago de las referidas deudas y con ello empujan al CIC a realizar un intenso programa de actividades de protestas públicas”, concluyen los contratistas.
