SANTO DOMINGO. La empresa de capital chino Kingtom Aluminio SRL consideró adecuada la fiscalización que realizan las autoridades dominicanas a los comercios y empresas que incumplen las leyes del país, al tiempo que sostuvo que los negocios que operan de manera formal no deberían verse afectados por estas medidas.
Leo Zhang, traductor del área administrativa de Kingtom Aluminio SRL, afirmó que las compañías extranjeras establecidas en República Dominicana tienen la responsabilidad de cumplir con las disposiciones legales y administrativas vigentes. Señaló que su empresa respeta las regulaciones locales y considera necesaria la supervisión estatal para garantizar que todos los negocios operen bajo las mismas reglas.
Durante una entrevista al periódico El Día, Zhang explicó que Kingtom mantiene sus operaciones registradas y sujetas a los controles correspondientes, incluyendo sus transacciones comerciales, importaciones y movimientos de mercancías.
“Nosotros estamos en su país y, por lo cual, debemos respetar y valorar lo que ustedes están diciendo y cumplir con las normativas dominicanas”, expresó el representante de la compañía.
Zhang sostuvo que el cumplimiento de las normas les ha permitido desarrollar sus actividades sin enfrentar limitaciones ni reportes relacionados con incumplimientos. Agregó que la empresa cuenta con personal dominicano capacitado que orienta sus procesos para evitar dificultades con las autoridades.
“Como somos empresas formadas y cumplimos con las normativas, no nos afecta directamente”, manifestó.
Kingtom Aluminio SRL forma parte de las inversiones de capital chino instaladas en el municipio de Guerra. La compañía, dedicada a la fabricación y exportación de perfiles de aluminio, ha realizado una inversión superior a los 30 millones de dólares y actualmente opera por debajo de su capacidad productiva.
Reducción de empleos
Cristóbal Castillo, encargado de Recursos Humanos de Kingtom, explicó que las restricciones aplicadas por la Dirección General de Aduanas han incidido en la producción de la empresa y, como consecuencia, en la cantidad de trabajadores contratados.
Indicó que la fábrica llegó a contar con unos 900 empleados, pero actualmente dispone de alrededor de 270. De estos, más de 210 son dominicanos, en cumplimiento, según explicó, de la proporción de contratación 80/20 que la empresa asegura aplicar desde 2018.
Castillo destacó que los empleados reciben almuerzo y subsidios, además del pago correspondiente por las horas extras. La empresa también aplica un sistema de trabajo de dos días laborados por dos de descanso, con jornadas de 7:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.
El salario mensual ronda los RD$26,000, cifra que, de acuerdo con Castillo, supera el salario mínimo establecido para los trabajadores de zonas francas y constituye uno de los principales atractivos para captar mano de obra en la zona.
La mayoría de los empleados procede de comunidades cercanas a Guerra. Los representantes de la empresa explicaron que los puestos disponibles no requieren conocimientos especializados de inglés o tecnología, debido a que las labores pueden ser aprendidas mediante un proceso de capacitación de aproximadamente 15 días.
Aqua Armor apuesta por Guerra
Otra empresa de capital chino instalada en la zona es Aqua Armor New Materials SRL, dedicada principalmente a la fabricación de pisos de PVC destinados al mercado estadounidense.
Shubin Wu, director de producción de la compañía, explicó que el proceso para establecerse en República Dominicana comenzó en octubre de 2024 con la adquisición de los terrenos, mientras que la producción inició en marzo de 2025.
Actualmente, Aqua Armor cuenta con unos 105 empleados dominicanos, además de trabajadores chinos. La empresa decidió instalarse en República Dominicana debido, entre otros factores, a la cercanía geográfica con Estados Unidos, su principal mercado.
Wu destacó que desde el país los productos pueden llegar a Miami en aproximadamente tres días, lo que representa una ventaja logística para atender a sus clientes.
La inversión estimada en la planta también ronda los 30 millones de dólares, mientras que la compañía proyecta alcanzar ventas de entre 2 y 3 millones de dólares.
Los ejecutivos aseguraron que uno de sus objetivos es contribuir al desarrollo de la zona mediante la creación de empleos y puestos técnicos para trabajadores dominicanos.
Ante las inquietudes sobre posibles prácticas de trabajo forzoso en empresas de capital chino, los representantes de las compañías rechazaron esas situaciones y aseguraron que mantienen comunicación con sus empleados y procuran cumplir con las condiciones laborales establecidas.
Inversiones generan expectativas en la comunidad
La instalación de nuevas empresas en Guerra y sus alrededores ha generado expectativas positivas entre residentes y representantes comunitarios, quienes destacan el aumento de las oportunidades laborales, especialmente para los jóvenes.
Félix Santo, representante del sector transporte, valoró la llegada de nuevas inversiones y consideró que estas actividades económicas contribuyen a dinamizar la zona.
De igual manera, Isabel de Lozano Ventura, conocida como Doña Negra, comunitaria de El Toro y expresidenta de la junta de vecinos, resaltó los cambios registrados en la comunidad durante los últimos años.
Lozano Ventura recordó que anteriormente los residentes enfrentaban mayores dificultades para trasladarse hacia la ciudad en busca de empleo. A su juicio, la llegada de empresas ha contribuido a activar la economía local y ha generado nuevas oportunidades para los habitantes.
En tanto, Juan Campaña, representante de la Junta de Vecinos de El Toro, estimó que en la zona operan actualmente entre seis y siete empresas y manifestó su deseo de que continúen llegando inversiones.
“Eso es lo que nosotros queremos para que los jóvenes tengan más oportunidad para poder echarse adelante, porque los jóvenes de aquí son buenos”, expresó.
La comunidad de El Toro, con una población estimada de más de 13,000 habitantes, ha experimentado durante los últimos tres años un incremento en la instalación de empresas, situación que los comunitarios consideran una oportunidad para reducir la necesidad de que los jóvenes tengan que desplazarse hacia otras zonas en busca de empleo.
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