¿Qué usted va a hacer si incorpora en el costo de gestión de esa vivienda un impuesto de 25 a 30 mil pesos anuales?
Por Escarlin Pozo y Pedro Ardón
El Inmobiliario
SANTO DOMINGO.- Para el economista Francisco Taveras, República Dominicana ha logrado importantes avances en el sector turístico, destacando que la ley de Confotur ha sido clave para posicionar al país como uno de los destinos más codiciados de América Latina.
El catedrático universitario expresó preocupación sobre la posible eliminación de incentivos fiscales, de aprobarse la Ley de Modernización Fiscal propuesta por el gobierno, advirtiendo que esto podría reducir la inversión extranjera y afectar el crecimiento continuo del turismo en la nación.
Taveras sugiere que el Estado no elimine la ley de Confotur, sino que, siguiendo la teoría tributaria, determine cuáles sectores del país se han desarrollado gracias a esta ley y cuáles puntos necesitan de ese impulso.
En lugar de eliminar los incentivos por completo, recomienda enfocarlos en aquellas regiones que aún requieren el apoyo para atraer inversiones y fomentar su crecimiento.
“Por ejemplo, yo veo que, en la línea Noroeste, Montecristi, toda la Costa Norte, todavía se necesita de la ley para atraer inversiones en el área turística y poder integrar a todo el territorio nacional con el empuje, o igualarlo al empuje que ha tenido el turismo en todo el Caribe”, apuntó.
Subrayó que la eliminación de los incentivos fiscales debe hacerse de manera gradual y no de forma abrupta.
Francisco Taveras mientras era entrevistado por el equipo de El Inmobiliario. (David Ventín)
Argumentó que desmontar los beneficios de un golpe podría generar un efecto dominó, en el que los inversores pierdan interés en República Dominicana al no encontrar incentivos atractivos. Esto, según Tavares, llevaría a que el capital internacional migre hacia otros países o islas caribeñas que tienen condiciones naturales similares.
Una amenaza a la desaceleración de las viviendas
Taveras reveló que la reforma fiscal impulsada por el gobierno amenaza con desacelerar la venta de viviendas nuevas, lo que podría tener un impacto significativo en la rentabilidad del sector inmobiliario y en los hábitos de compra de la población.
Indicó que la clase media dominicana será una de las más impactadas por el proyecto de modernización fiscal, debido a que este grupo no atraviesa una situación de abundancia económica, a pesar de contar con inmuebles valorados entre 5 y 10 millones de pesos.
Al hablar sobre el Impuesto al Patrimonio Inmobiliario (IPI), que se aplicaría en propiedades con un valor mayor a 5,025,380.75 de pesos, pagándose una tasa del 1 % sobre el excedente, señaló que este escenario podría afectar el presupuesto familiar de las personas.
“Entonces, anualmente, si una persona tiene una vivienda que está entre los 6 y los 10 millones, tenderá a pagar entre 15 y 25 mil pesos anuales del IPI”, mencionó para poner el tema en detalle.
Afirmó que esto provocaría un aumento en los alquileres, ya que los propietarios incorporarían el nuevo impuesto en el costo de gestión, incrementando las rentas entre 1,500 a unos 3,000 pesos mensuales.
“¿Qué usted va a hacer si usted incorpora en el costo de gestión de esa vivienda un impuesto de 25 a 30 mil pesos anuales? Se lo va a incorporar al precio de la vivienda del alquiler mensual”, explicó.
Dudas entre adquirientes
Taveras, quien es catedrático en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), expuso que la segunda vertiente de la reforma podría generar dudas en los inquilinos sobre si les conviene adquirir una vivienda o no.
El aumento en el IPI podría disuadir a las personas de comprar una propiedad, ya que el costo adicional se sumaría a sus gastos, haciendo que muchos opten por permanecer en alquiler en lugar de comprar.
“En consecuencia, no va a motivar a una persona a adquirir una vivienda porque va a tener que incorporar el pago del IPI, ya sea ahora o en el futuro. Sería mucho más económico para la persona que está en inquilinato quedarse como tal porque los alquileres van a permanecer como un servicio exento”, declaró.
En ese sentido, comentó que esta realidad va a alterar los incentivos para la adquisición de viviendas nuevas en el país, afectando a los productores y promotores inmobiliarios que venden viviendas nuevas o reforman otras para la venta.
Otras consecuencias de la reforma fiscal
El economista precisó que otras de las consecuencias que podría acarrear la modernización fiscal en República Dominicana es la reducción del consumo dentro de los hogares.
La declive del consumo tendría un impacto significativo en la economía dominicana, según aclaró el economista, ya que el 60 % del PIB depende de este factor.
“Si el consumo lo estamos dedicando al pago de impuestos en gran medida, por efecto de adquisición de una vivienda nueva, entonces lo que yo creo que va a suceder es que se va a limitar el consumo de otras actividades y le va a quitar un poco de dinamismo al sector económico en sentido general”, manifestó al ser entrevistado por El Inmobiliario.
En ese sentido, sostuvo que el efecto de la reforma fiscal deberá compensarse con mejores servicios públicos, entre ellos, mejorar el transporte, la educación, la seguridad ciudadana y la salud, ya que se puede incorporar como un “ingreso no percibido”.
Para explicarlo bien, indicó lo siguiente: “Las reformas, y esta no es la excepción, generan por un lado una pérdida, pero si el compromiso del Estado es verdadero y hay responsabilidad política, también nos puede traer como beneficio otros servicios que van a incorporarse en nuestros salarios reales”.
Al respecto, subrayó que más que la reforma fiscal, el gobierno tiene que fortalecer lo que es la confianza “Estado-sociedad” para que los ciudadanos puedan ver los beneficios que traería al país.
