SANTO DOMINGO.- Cuatro diputados depositaron el 18 del presente mes de febrero el “proyecto de ley que regularía los servicios inmobiliarios y el contrato de corretaje”, en la República Dominicana.
En comunicación dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, los legisladores solicitan la reintroducción de la pieza legislativa, tras haber ofrecido un informe favorable sobre la misma, en diciembre del pasado año.
El documento de 25 páginas plantea como primer objetivo “proteger la relación jurídica entre el proponente y el corredor de bienes raíces o sus agentes y mantener la confianza del mercado inmobiliario, derivado del negocio jurídico que surge con motivo de la intermediación de los corredores de bienes raíces o sus agentes”.
Se espera que el proyecto sea reintroducido una vez se inicie la primera legislatura, la cual tendrá una duración de 150 días, abarcando desde el próximo 27 de febrero al 26 de julio.
Braulio Espinal, presidente de la Comisión Especial que estudió la propuesta declaró el pasado mes de enero, que se tomaron más tiempo en su estudio, para entregar un documento que todos los involucrados puedan entender.
“Nos hemos embarcado en un proyecto no para sancochar algo, sino que deseamos hacer algo bien que salga bien, que todos puedan entender y que la comisión escoja lo que ellos entiendan entre los considerandos y artículos que deben ir en esa ley”, declaró Espinal en noviembre del pasado año.
Además de Espinal firman la carta, Edward Enrique Cruz Asunción, diputado en el exterior; Indhira Shary De Jesús Morla, diputada por la provincia Santo Domingo; y Charles Noel Mariotti Paz, diputado por el Distrito Nacional.
Durante el estudio de la pieza participaron también los diputados Abelardo Antonio Rutinel, Aldoneris Rafael Adón Duarte, Aquiles Leonel Ledesma Alcántara, Dellys Dumidia Féliz Rodríguez. Igualmente formaron parte José Alberto Jiménez Santos, Liz Mieses Díaz, Llaniris del Carmen Espinal Cabrera, Miguel Alberto Bogaert Marra, Pedro Antonio Martínez Moreta y Rafael Augusto Castillo Casado.
El proyecto
El proyecto de ley comprende el régimen normativo, organizativo y de gestión de la actividad de la correduría de bienes raíces, aplicables a los intermediarios inmobiliarios que operen en el territorio nacional, los requisitos para su ejercicio, los derechos y las obligaciones de los corredores y agentes, así como el contrato de corretaje, en adición al control de calidad de tales servicios.
De aprobarse, tendrá aplicación en todo el territorio nacional a las personas físicas o jurídicas que ejerzan como corredores o como agentes de bienes raíces, “independientemente de la denominación que utilicen, conforme lo define la presente ley y con las garantías previstas en la misma y en su reglamento”.
