SANTO DOMINGO.- Por tercera vez un grupo de profesionales de la construcción, pertenecientes al Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), realizaron un plantón ayer martes frente al Ministerio de Hacienda, para demandar una vez más del Estado dominicano, que le paguen los RD$385 millones que le adeudan por concepto de contratistas.
Los convocantes no fueron recibidos por las autoridades de ese Ministerio, pese a que hicieron las gestiones para hablar con sus dirigentes, de acuerdo a lo precisado por Emiliano Familia, vocero del Comité Institucional Codiano (CIC).
“Hemos querido convocar para hacer un llamado al presidente Luis Abinader para recordarle el grupo de ingenieros que estamos reclamando al Estado Dominicano el pago de las acreencias que datan desde el año 1996, por concepto de obras formalmente contratadas, construidas, cubicadas, debidamente supervisadas y puestas en servicios en toda la geografía nacional”, dice un comunicado del CIC.
Explican los demandantes que actualmente la deuda abarca a unas once instituciones públicas y que Abinader les prometió durante su campaña, pagarle a los contratistas que llevan largos años, desde 1996, con deudas por cobrar.
“Al llegar al poder encargó a varios funcionarios para que resolvieran el asunto y esta es la fecha en que todavía estamos esperando. Ha transcurrido tiempo suficiente”, recalcaron el grupo de más de cien profesionales y representantes de pequeñas empresas de la construcción.
Agregaron que fue un problema que heredaron del pasado gobierno, pero que no se justifica que si el presidente Abinader ordenó resolver la situación, los encomendados compliquen el asunto con una burocracia que no tiene sentido, pues hay exigencias para poder cobrar que no aplican para quienes contrataron antes de aprobarse la ley de Compras y Contrataciones No. 340-06.
“Hay varios expedientes que fueron depurados, pero en la Contraloría General de la República “no aparecen” los registros de contratos. Eso no debe estar por encima de un contrato notariado, pues su legalización tiene fuerza jurídica suficiente”, afirman los miembros del CIC.
Criticaron que los someten a un viacrucis y premien con arresto domiciliario “a los funcionarios cuestionados que debieron pagar centenares de obras terminadas. Presidente Abinader si usted no interviene lo harán quedar mal”, sentenciaron.
