El CES advierte que la clave está en garantizar la soberanía y el orden migratorio, sin descuidar la capacidad productiva de sectores que sostienen el empleo, la inversión y la seguridad alimentaria nacional.
SANTO DOMINGO. – Para nadie es un secreto que la industria agrícola y la construcción tienen un punto vulnerable en común, que es su alta dependencia de mano de obra haitiana y según cifras de la Dirección General de Migración, en lo que va de 2025 han sido deportados 250,741 haitianos en situación irregular, ausencias que han mermado parte de la fuerza de trabajo que estos sectores demandan con urgencia.
El Consejo Económico y Social (CES), en su informe sobre el Diálogo por la Crisis Haitiana fue enfático al sugerir que el país se aboque al diseño de un marco regulatorio que combine seguridad y orden migratorio y al mismo tiempo garantice la continuidad productiva.
“El país debe ordenar la participación de trabajadores extranjeros en la construcción y la agroindustria, garantizando al mismo tiempo el cumplimiento de la ley y el respeto a los derechos humanos”, señala el documento.
Caída de la construcción
La advertencia llega en un momento complejo, pues el Banco Central reportó que la construcción creció apenas 2.2 % en 2024, y que en el primer trimestre de 2025 cayó –3.1 %, reflejo de la desaceleración, atribuida en parte a la presión migratoria que implican las deportaciones.
Ese volumen de expulsiones afecta directamente a la disponibilidad de mano de obra en construcción, donde los trabajadores haitianos tienen una participación determinante.
Para el CES, el reto es doble: garantizar la soberanía y el orden migratorio sin descuidar el motor económico que representan la construcción y el inmobiliario, base de la inversión productiva y de la expansión turística.
El informe del CES dedica un apartado especial a la situación de la construcción, un sector que depende de manera significativa de la mano de obra haitiana, sin invalidar la necesidad, el derecho y el deber del país a rechazar la migración ilegal, pero advierte que debe acompañarse de una política clara de reglamentación de la mano de obra extranjera en sectores estratégicos.
“El país debe poner orden en la participación de trabajadores extranjeros en la construcción y la agroindustria, garantizando al mismo tiempo el cumplimiento de la ley y el respeto a los derechos humanos”, plantea el CES.
La seguridad alimenticia en riesgo
En el caso de la agroindustria, el CES advierte que una política de deportaciones masivas sin reglas claras podría afectar la producción alimentaria y las exportaciones. En 2024, el sector agropecuario registró un crecimiento de 3.3 %, según datos del Banco Central, y mantiene un rol estratégico tanto para el consumo interno como para el comercio exterior.
Los datos del Banco Central muestran que en el primer semestre de 2025 la agropecuaria creció más que en 2024 (4.9 % vs. 4.3 %), a pesar de la magnitud de las deportaciones de haitianos y eso sugiere que el impacto no ha sido inmediato en la producción agrícola y agroindustrial, lo que probablemente se debe a que hasta ahora las deportaciones no afectaron directamente a las áreas rurales, o que la mano de obra se reemplazó con rapidez en ciertos cultivos, o bien el sector absorbió el golpe gracias a buenas condiciones de cosecha y exportación.
Hasta ahora la agropecuaria ha aguantado, pero el CES advierte que no es sostenible en el tiempo sin reglas claras para el trabajo extranjero y aunque las cifras muestran dinamismo en 2025, el riesgo de un choque productivo está latente, con perspectivas de desacelerar el crecimiento agropecuario en los próximos trimestres, sobre todo si la política migratoria se mantiene igual de intensa y no se regula de manera ordenada la mano de obra.
El reto, concluye el CES, es lograr un equilibrio: “Garantizar la soberanía y el orden migratorio, sin descuidar la capacidad productiva de sectores que sostienen el empleo, la inversión y la seguridad alimentaria nacional”.
Contexto
El Diálogo por la Crisis Haitiana fue un proceso multisectorial convocado por el Consejo Económico y Social (CES) a petición del presidente Luis Abinader, que reunió durante varios meses a representantes de partidos políticos, empresarios, sindicatos, organizaciones sociales, académicos y entidades de la sociedad civil.
Su objetivo central fue construir consensos nacionales frente al impacto de la crisis haitiana en la República Dominicana, abordando temas como migración, seguridad fronteriza, política exterior, economía y derechos humanos, y culminó con un conjunto de propuestas y acuerdos entregados al Poder Ejecutivo en septiembre de 2025.
