Un comité secreto habría vendido la salud pública en clave fraudulenta.
SANTO DOMINGO. – Según se desprende de la lectura del expediente acusatorio presentado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), la corrupción en SeNaSa no solo se habría sostenido en contratos amañados y sobornos millonarios, sino también en la creación de estructuras paralelas y en un lenguaje interno que funcionaba como órdenes inapelables.
En las páginas 14 y 15 de la acusación, Santiago Marcelo Hazim Albainy, ahora ex director de la ARS Senasa, habría creado un Comité de Contrataciones Médicas “ad hoc”, sin sustento legal ni normativo, integrado por su círculo más cercano, operando según la PEPCA, al margen de la Ley 340-06, favoreciendo a prestadores vinculados política o económicamente a Hazim.
Este “comité” estaría integrado por Francisco Iván Minaya, Roberto Canaán, Gustavo Guilamo, Germán Robles y Carmen José Velázquez, cuya función era concentrar las decisiones en un grupo reducido, favoreciendo prestadores vinculados políticamente o económicamente al director.
Según el expediente las asistentes Johana Fernández y Johanna Grullón llegaban con listas predeterminadas de prestadores a aprobar, legitimando decisiones con frases como “eso es del CEO”, “eso es del Olimpo” o “vino respaldado”, como clave interna para lograr respuesta positiva.
La salud como negocio y la huella del dinero
El Ministerio Público afirma en las páginas 11 y 12 que se habrían facturado sobretratamientos en pacientes oncológicos, colocación de stents innecesarios y hemodiálisis a personas fallecidas, maniobras que según la acusación, atentaron contra los derechos fundamentales de los afiliados más vulnerables.
La acusación detalla en las páginas 9, 10 y 19, que se emitieron facturas ficticias y se retiraron fondos en efectivo con la finalidad de pagar supuestos sobornos. El empresario José Pablo Ortiz Giráldez habría entregado a Hazim una Lincoln Navigator en junio de 2020, antes de su designación oficial, utilizando la cuenta bancaria de su esposa para disfrazar el origen de los fondos, dice el expediente, en el que la PEPCA asegura que Hazim ya recibía beneficios antes de ser designado oficialmente.
El expediente sostiene que justificaba contrataciones con frases como “aportó en la campaña” o “hay que ayudarlo”, evidenciando vínculos políticos y fines electorales.
El Ministerio Público sostiene que Hazim y su círculo conformaron una asociación ilícita dentro de SeNaSa, sustituyendo criterios técnicos por favores políticos y económicos que envuelven la suma de RD$15,921 millones.
La acusación además enumera al menos 13 empresas y centros de salud beneficiados por el esquema, además de la coletilla “entre otros” que indica que la lista es más amplia, muchos sin habilitación ni infraestructura, como: Servicios Médicos del Este, DELESTE SRL, Nutri Med Cas SRL, KHERSUM SRL, FARMACARD SRL, LUFARCA SRL, Escudela Centro de Vacunación Infantil SRL, Super Kiddos SRL, Inmunizaciones San Cristóbal, Vacu Este, VACUMED SRL, Grupo Suilrod SRL, Flavorheart Food Parts SRL, entre otros.
Dice la acusación que estos prestadores fueron aprobados por conveniencia política y económica, sin cumplir requisitos legales ni técnicos, configurando un mapa de beneficiarios del fraude.
Las frases que habrían gobernado el fraude
Según se desprende de la lectura del expediente acusatorio presentado por la PEPCA, en las reuniones del Comité de Contrataciones Médicas las asistentes llegaban con listas predeterminadas de prestadores que debían ser aprobados.
Bastaba con pronunciar frases como “eso es del CEO”, “eso es del Olimpo” o “vino respaldado” para que la decisión quedara legitimada.
Expresiones que según el Ministerio Público tenían la capacidad de sustituir la ley por la palabra. En lugar de procedimientos, informes técnicos o evaluaciones, bastaba con el código interno para que millones de pesos en contratos fueran aprobados, sustituyendo los criterios técnicos y legales, convirtiéndose en un código de poder que anulaba cualquier resistencia institucional.
Más allá de los montos millonarios, la acusación describe cómo la corrupción se convirtió en una cultura institucional, donde el lenguaje interno funcionaba como un sello de aprobación automática, desplazando la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones y la Ley 87-01 de Seguridad Social, normalizando el fraude.
El lenguaje interno no solo facilitaba el fraude, sino que lo normalizaba: quienes escuchaban esas frases sabían que no había espacio para cuestionar. El expediente muestra que este mecanismo fue tan eficaz como cualquier estructura financiera: sin necesidad de documentos falsos, el lenguaje bastaba para legitimar decisiones ilícitas y mantener cohesionada la coalición de funcionarios.
En la sección “Características del entramado criminal creado para distraer fondo (sic) del Servicio Nacinal de Salud”, casi agotaron el abecedario en español, pues usaron de la A a la V para enumerar las supuestas acciones fraudulentas cometidas por el grupo.
Hasta el momento hay 10 personas bajo arresto en el caso Cobra, encabezadas por Santiago Hazim Albainy, y el proceso sigue abierto con más investigados.
Detenidos en Operación Cobra son Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector de SeNaSa. Gustavo Enrique Messina Cruz. Germán Rafael Robles Quiñones. Francisco Iván Minaya Pérez. Eduardo Read Estrella. Cinty Acosta Sención. Ramón Alan Speakler Mateo. Ada Ledesma Ubiera. Rafael Martínez Hazim.
Ficha técnica del expediente
– Fecha de presentación: septiembre 2025
– Entidad: Ministerio Público – PEPCA
– Extensión del expediente: 535 páginas
– Imputados: Santiago Marcelo Hazim Albainy y círculo de gerentes, empresarios y prestadores.
