Un grupo de 35 fiscales encabezaron 28 allanamientos realizados en Santiago y Puerto Plata
SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público anunció este martes que puso en marcha, a través de la Dirección General de Persecución y la Fiscalía de Santiago, la Operación XL526 contra una estructura criminal dedicada a extorsionar, chantajear y estafar a residentes en Estados Unidos para obtener fondos con los que, además, incurrían en el delito de lavado de activos.
La misma llevó al arresto de 20 personas, incluyendo a cinco cabecillas y seis integrantes de la red. Un grupo de 35 fiscales encabezaron 28 allanamientos realizados en Santiago y Puerto Plata.
Las acciones se ejecutan con la colaboración de la Dirección de Área de Investigación de Crimen Organizado, y el Departamento Especial de Investigación de Delitos Trasnacionales (Deidet), de la Policía Nacional, HSI Santo Domingo; la Dirección Central de Prevención de la Policía Nacional y la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado (FTCO), según precisa una nota de prensa de la Procuraduría General de la República.
El documento explica que miembros de la red se dedicaban, de manera sistemática y organizada, a la comisión de estafas, chantajes y obtención ilícita de fondos desde República Dominicana.
Detalla que mediante sus acciones fraudulentas, la organización criminal recababa fondos para proceder a la transferencia, ocultamiento y blanqueo de los capitales, con la finalidad de darles apariencia de legalidad en sus maniobras de ocultamiento a las autoridades.
La Procuraduría resalta que durante la operación fueron arrestados los cabecillas de la estructura criminal Carlos José Parra Lantigua, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera y Walinton Sosa Almonte.
También, los miembros Moisés David Pichardo Aracena, Pedro Antonio Pichardo, Yumeiry Altagracia Cabrera, Danny Rafael Lantigua, Augusto José Reyes y Julio Antonio Peralta del Rosario.
Otros ocho fueron detenidos con fines de investigación mientras el Ministerio Público persigue a otro hombre vinculado a la estructura criminal.
Los integrantes de la red criminal, afirma la información, serán sometidos a la acción de la justicia en las próximas horas ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago por su vinculación a la comisión de crímenes y delitos de alta tecnología, asociación de malhechores, estafa, extorsión, chantaje, obtención ilícita de fondos, enriquecimiento ilícito, el lavado de activos, distribución de sustancias controladas y el uso de armas de fuego.
Jacagua como base
Según explica la Procuraduría, la organización de crimen organizado de carácter internacional, tenía como base operativa el municipio Jacagua, provincia de Santiago.
Agrega que la red estaba integrada por individuos que dominan el idioma inglés y utilizan herramientas tecnológicas para la ejecución de sus actividades ilícitas, tras sostener que el modus operandi consistía en la captación de víctimas a través de anuncios publicitarios, para posteriormente someterlas a extorsión y chantaje, conforme a un guion previamente estructurado por los cabecillas de la organización.
Los imputados, usando medios tecnológicos, se hacían pasar por supuestos miembros de organizaciones criminales, tales como: el denominado “Cartel de Sinaloa”, con el propósito de asustar e intimidar a las víctimas que exigían la entrega de dinero y a las que enviaban imágenes de crímenes horrendos como una forma de amenaza.
Señala que los fondos obtenidos eran posteriormente canalizados mediante diversos mecanismos de movilización, incluyendo el uso de criptomonedas -como el Bitcoin-, transferencias electrónicas, transferencias espejo y depósitos a través de empresas remesadoras y plataformas de pago.
Dichas transacciones fueron realizadas, en la mayoría de los casos, a favor de terceros que la investigación ha identificado, con el objetivo de dificultar la trazabilidad de los fondos y encubrir su origen ilícito.
La ostentación de un estatus de bienestar económico por parte de los miembros de la organización criminal incentivaba la incorporación de nuevas personas, principalmente, jóvenes, en la ciudad de Santiago de los Caballeros y sus municipios aledaños.
Los imputados han empleado mecanismos de intimidación y coacción que han generado graves afectaciones psicológicas en las víctimas, utilizando amenazas como medio para provocar temor, sufrimiento y perturbación emocional, tanto en las víctimas directas como entre sus familiares, incidiendo de manera significativa en su estabilidad personal y calidad de vida.
