SANTO DOMINGO.- “Aquí estamos hablando que se robó, que se sustrajo dinero de la salud; y no de la salud de cualquiera, del seguro de salud de los más pobres, de los que no tienen dinero para pagar un seguro privado, de los que tienen que acudir a los hospitales para que les digan que no hay camas o medicamentos”, declaró ayer Mirna Ortiz, titular de Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa.
Expuso que el caso del Seguro Nacional de Salud (Senasa), es el más grave presentado que ha presentado el órgano en materia de corrupción. “La operación Cobra, es la operación más grave de corrupción que ha presentado el Ministerio Público hasta este momento”, dijo Ortiz, tras el aplazamiento de la medida de coerción contra el grupo que ha sido señalado por el órgano persecutor de haber desfalcado a la entidad de seguro que afilia a más del 70% de la población dominicana.
Ortiz indicó que el órgano acusador cuenta con un legajo de pruebas testimoniales y documentales, que al conocerse la medida de coerción, probarán cada una de las imputaciones realizadas y las tipificaciones penales.
Asimismo, destacó que el fraude cometido en Senasa se estima que es de unos 15 mil millones de pesos, con más de dos mil millones de pesos pagados por sobornos a las máximas autoridades de la institución.
Destacó que hubo empresarios y personas jurídicas que fueron utilizados para el lavado de dinero y pago de sobornos.
Tras ser aplazada la solicitud de medida de coerción en contra del exdirector de Senasa, Santiago Hazim y otros nueve imputados, la magistrada calificó el caso como un “atentado directo a un derecho fundamental de las personas”.
Operación
El Ministerio Público puso en marcha el pasado fin de semana la Operación Cobra, con la cual inició un proceso de judicialización que busca sanciones penales y el decomiso del dinero sustraído al patrimonio público a través del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
Han sido arrestados hasta el momento Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa y otras nueve personas imputadas de defraudar esa administradora de riesgos de salud (ARS) pública con miles de millones de pesos mientras varias personas físicas y jurídicas continúan bajo investigación con el propósito de judicializarlas conforme avancen las indagatorias del órgano acusador.
Un total de 25 fiscales, auxiliados por más de 200 agentes de la Policía Nacional, practicaron 12 allanamientos como parte de la operación que llevó al arresto también de Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.
