SANTO DOMINGO.-A dos meses de que el director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, asegurara públicamente que el esperado Registro de Proveedores del Sector Inmobiliario y de la Construcción estaría listo en el presente mes de diciembre, la plataforma existe… pero sin cumplir su función básica: no contiene un solo proveedor registrado del sector.
El anuncio más reciente fue realizado por Alcántara en octubre, durante su intervención en el Foro El Inmobiliario. Allí garantizó que el registro, presentado como una herramienta crucial para enfrentar fraudes, estafas y proyectos irregulares en el mercado inmobiliario dominicano, entraría en operación antes de finalizar el año.
Sin embargo, ayer al ser consultado por El Inmobiliario, el funcionario reconoció que el proceso ha sido más complejo de lo previsto, pero adelantó que el organismo avanza en la conclusión de los trabajos en la plataforma para tenerla operativa para el segundo trimestre de 2026.
Una plataforma vacía
La promesa sobre la plataforma generó expectativa en un sector que se ha visto afectado en los últimos tiempos por prácticas irregulares y el incremento de intermediación inmobiliaria informal. Sin embargo, al llegar diciembre, la realidad es otra: la sección del registro está creada en el portal de Pro Consumidor, pero no muestra ninguna empresa inmobiliaria o constructora inscrita.
La página oficial del organismo ofrece enlaces para “consultar proveedores registrados” y para “registrarse como proveedor inmobiliario o de la construcción”. Ambos sugieren un sistema en funcionamiento, pero al acceder al listado público, la evidencia concreta de que el registro está activo, lo que aparece es un catálogo de proveedores de otros sectores: comercios, telecomunicaciones, servicios, automóviles. Ni una sola inmobiliaria. Ni una constructora. Ni un corredor.
“Nos ha costado obtener las informaciones y datos necesarios. Hemos tenido que buscarlos nosotros de manera particular, porque los actores de la construcción no nos han facilitado la información y hemos tenido que buscarlos por otra vía”, expresó con un dejo de frustración Eddy Alcántara.
Y es que Pro Consumidor ha habilitado la vitrina, pero no hay nada detrás del cristal.
La ausencia de empresas registradas deja en suspenso el objetivo principal de la plataforma: brindar al comprador un filtro mínimo de seguridad antes de contratar un proyecto inmobiliario o entregar un depósito.
Un proyecto que no arranca
El registro de proveedores inmobiliarios no es un mecanismo nuevo. Su origen se remonta al año 2020, cuando Pro Consumidor desarrolló una propuesta formal para crear una base de datos obligatoria de proveedores inmobiliarios y de construcción. Ese año se elaboró un documento extenso con la estructura del proyecto y se realizaron talleres de capacitación con actores clave del sector, como la Asociación de Agencias y Empresas Inmobiliarias (AEI) y el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA).
La institución presentó el registro como una herramienta moderna y necesaria para ordenar un mercado altamente informal y disminuir abusos contra consumidores. Cinco años después, no hay evidencia pública de que esa primera versión fuera implementada. El propio Alcántara, en declaraciones en el Foro El Inmobilario, afirmó que la propuesta de 2025 “no es la misma” que la de 2020, lo que confirma que el proyecto original quedó inconcluso.
¿Un nuevo ciclo de anuncios?
En octubre pasado, el portal especializado Inmobiliario.do recogió la declaración de Alcántara: el registro estaría “listo para finales de 2025” y la plataforma se encontraba en un 75-80% de avance. La nueva promesa actualizó las expectativas.
Pero a diciembre, la evidencia más concreta es la siguiente:
La sección existe. El director prometió su activación para este mes. El registro no muestra proveedores inscritos del sector. Sin un listado visible y funcional, el anuncio queda a medio camino y la herramienta continúa siendo un proyecto perpetuamente en fase de “próxima implementación”.
Un vacío que afecta al consumidor
La falta de un registro operativo deja a los ciudadanos sin una herramienta elemental para verificar si una empresa inmobiliaria o constructora cumple requisitos mínimos. En un mercado donde proliferan las preventas sin garantías, promesas de entrega incumplidas y proyectos sin permisos, la ausencia del registro perpetúa la vulnerabilidad del consumidor.
Los gremios del sector, por su parte, han insistido durante años en la necesidad de una regulación más clara y de filtros institucionales que delimiten quién puede vender, construir o intermediar en bienes raíces. Sin un registro funcional, esa tarea queda nuevamente pendiente.
Arquitectura digital sin edificación institucional
El Registro de Proveedores Inmobiliarios y de Construcción es, en este momento, una estructura vacía: una fachada sin contenido. Su existencia en la web muestra intención, pero su falta de operatividad revela improvisación, discontinuidad institucional y falta de control efectivo.
Tras cinco años de promesas sucesivas y una fecha de lanzamiento incumplida, la pregunta se impone: ¿cuándo tendrá el consumidor dominicano la herramienta que se le ha prometido una y otra vez?
No han facilitado el proceso
Eddy Alcántara aseguró que los actores del sector construcción no han apoyado aportando los datos y dijo que el objetivo es que el registro esté disponible antes de mayo de 2026, como un mecanismo de protección para los consumidores y de fortalecimiento del sector.
“Servirá también para generar alertas tanto para los ciudadanos del país como para la diáspora, para que en caso de que se detecte una operación fraudulenta, una estafa, el Ministerio Público esté alertado”.
