“Yo no pago arquitectos, eso me lo hace cualquier maestro”. No solo es una frase que se escucha cada vez más en los barrios del Gran Santo Domingo, sino que se ha convertido en un emblema de una parte significativa de la población. En República Dominicana, la construcción informal ha dejado de ser la excepción para convertirse en la norma. Esta expresión refleja una mentalidad que subestima el valor del diseño formal y el cumplimiento de las normativas, ignorando que detrás de ese “ahorro” aparente se esconde una bomba de tiempo que afecta gravemente la calidad de la vivienda, la seguridad de las familias, la planificación urbana, la inversión inmobiliaria y el desarrollo ordenado de nuestras ciudades.
Mientras tanto, los desarrolladores formales —quienes pagamos arquitectos, ingenieros, permisos, licencias y múltiples arbitrios— enfrentamos trabas burocráticas cada vez más costosas y exigencias que ralentizan el proceso y elevan el presupuesto. Paradójicamente, quien evade el sistema, construye sin planos ni dirección técnica, y no paga un solo peso en impuestos, muchas veces obtiene mayores beneficios, sin ningún tipo de fiscalización. Esta contradicción crea un entorno donde hacer las cosas bien se convierte en un obstáculo, mientras que hacerlo por la libre es casi un incentivo.
El costo oculto de lo “barato”
Miles de viviendas se levantan cada año sin planos aprobados, sin la firma de un arquitecto o ingeniero colegiado, y sin tomar en cuenta normas mínimas de seguridad estructural, ventilación, drenaje o salubridad. Se construyen encima de estructuras ya viejas, mal reforzadas, o sobre terrenos no aptos, muchas veces sin estudios de suelo o carga. Se ven escaleras improvisadas, columnas mal vaciadas, conexiones eléctricas expuestas y cisternas que contaminan.
Lo que comienza como una solución “barata”, termina saliendo carísimo: filtraciones constantes, desplomes, hacinamiento, inundaciones, pérdidas económicas, vidas en riesgo y hasta litigios judiciales por falta de títulos o permisos. En sectores como Herrera, Los Alcarrizos, La Zurza o Villa Mella, abundan los casos de personas que perdieron sus ahorros tratando de construir “sin mucho papeleo” y terminaron con una estructura inhabitable o invendible.
La construcción informal como amenaza estructural
Según el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, más del 62.5% de las viviendas construidas entre 2012 y 2022 en República Dominicana fueron hechas de manera informal, es decir, sin permisos, planos ni dirección técnica. En el Gran Santo Domingo, esa cifra supera el 71%, y en algunos municipios como Santo Domingo Norte y Santo Domingo Oeste, se estima que más del 80% de las obras pequeñas no son reportadas ni regularizadas.
Muchas de estas construcciones informales están en zonas densamente pobladas o con alta vulnerabilidad sísmica. Según la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica (ONESVIE), el 80 % de estas edificaciones presenta fallas estructurales graves. Y aunque se presentan como “casas familiares”, muchas son construidas con la intención de alquilar niveles superiores o subdividir los espacios sin infraestructura adecuada, creando hacinamiento y presión sobre los servicios públicos.
Los ayuntamientos: parte de la solución
Aunque históricamente ha existido una débil fiscalización, en los últimos años varios ayuntamientos del Gran Santo Domingo han comenzado a implementar medidas más firmes para monitorear las obras informales, promoviendo brigadas técnicas, jornadas de regularización y campañas educativas. Estos esfuerzos deben ser valorados y apoyados por toda la sociedad. La solución a la informalidad no puede recaer únicamente en los gobiernos locales, sino que debe involucrar al Estado, al sector privado, al CODIA, y a los ciudadanos.
Debemos asumir el compromiso de construir con criterio técnico, porque cada vez que se tolera una obra sin planos ni seguridad, se está poniendo en juego la vida de alguien más y afectando el orden de toda la ciudad.
El desarrollador formal sigue penalizado
Mientras tanto, el desarrollador formal continúa cargando con el peso del sistema. Aparte de pagar arquitectos colegiados, ingenieros estructurales, levantamientos topográficos, permisos municipales, ambientales y del Ministerio de Obras Públicas, también debe asumir tarifas del CODIA, arbitrios, y ahora hasta nuevas propuestas de aumentos fiscales a nivel local.
Por ejemplo, en 2024 se han discutido ajustes en los arbitrios por metro cuadrado construido, lo que haría más costoso desarrollar proyectos legales, sin que exista una mejora proporcional en la fiscalización de los informales. El resultado es una competencia desleal que amenaza con erosionar la viabilidad del modelo formal.
¿Quién regula la ciudad?
La pregunta sigue abierta. A pesar de los esfuerzos municipales, el 75% de los gobiernos locales carece de equipos técnicos suficientes, según la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU). Esto limita su capacidad para responder ante denuncias, inspeccionar obras o aplicar sanciones. Como resultado, en muchos sectores se ha consolidado una ciudad “alternativa”, que crece sin control ni planificación.
Este desorden también nos cuesta como ciudadanos
Cada construcción informal que se levanta sin control afecta la vida cotidiana de todos. Se traduce en calles más estrechas y congestionadas, en redes eléctricas y de agua colapsadas, en mayor riesgo de inundaciones y deslizamientos, en ruido, basura y caos. Además, deteriora el valor de las propiedades vecinas y limita el desarrollo de proyectos bien planificados. Como ciudadanos, pagamos el precio con menor calidad de vida, menos acceso a servicios eficientes y una ciudad que se vuelve cada vez más difícil de habitar.
El CODIA y las autoridades deben asumir su rol
El Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) no puede seguir en silencio. Es momento de liderar una campaña de concienciación y fiscalización que garantice que toda construcción, sin importar su tamaño, cuente con la firma de un técnico colegiado. Igualmente, el Estado debe establecer un sistema de monitoreo más eficaz, con consecuencias claras para quienes persistan en construir sin cumplir las normas.
Llamado a los desarrolladores responsables
Quienes sí cumplimos, quienes apostamos por hacer las cosas bien, no podemos permitir que la informalidad se normalice. Este es un llamado a levantar la voz, a exigir equidad en las condiciones, y a promover una cultura de legalidad y calidad en la construcción.
Porque si construir formalmente sigue siendo sinónimo de burocracia, costos adicionales y trabas, y construir informalmente es cada vez más fácil y rentable, lo que estamos haciendo es incentivar el caos y desincentivar la inversión responsable.
Construir bien debe ser la norma, no la excepción. Y en esta lucha, todos —ciudadanos, autoridades, gremios y desarrolladores— debemos estar del mismo lado.
