SANTO DOMINGO–. Tras la decisión del presidente Luis Abinader de devolver al Congreso la ley que autorizaba el pago de deudas históricas del Estado dominicano con contratistas, sectores productivos y legislativos se preparan para un encuentro hoy a las 10:00 a.m. entre una comisión del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) y miembros de la directiva de esa entidad con congresistas, con el objetivo de clarificar las observaciones presidenciales y orientar los próximos pasos del proyecto en la cámara legislativa.
La normativa, aprobada por el Senado el 10 de enero de 2026 y sancionada en segunda lectura por la Cámara de Diputados el 12 de enero de 2026, buscaba saldar compromisos del Estado con pequeños contratistas y empresas que realizaron obras públicas desde 1996, durante décadas sin recibir el pago correspondiente. La iniciativa fue aprobada con carácter de urgencia para autorizar, de forma excepcional y por única vez, el reconocimiento y pago de deudas derivadas de trabajos ejecutados sin contratos formales o sujetos a reformulación presupuestaria.
¿De que trata la ley observada por el presidente Abinader?
La pieza legislativa reconoce como acreedores del Estado a ingenieros, empresas contratistas y otros ejecutores de obras públicas que están debidamente ejecutadas, recibidas y en funcionamiento —como asfaltados, mantenimientos escolares, supervisiones y estructuras varias— a pesar de no contar con contrato formal al momento de su ejecución. La ley establecía que los pagos se efectuarían una sola vez, evitando que se generen nuevos compromisos bajo las mismas condiciones.
Tras su aprobación en ambas cámaras, la ley fue enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación o devolución con observaciones. En este caso, Abinader decidió regresarla al Congreso aduciendo que no detalla con precisión los montos totales, los criterios de procesar las deudas ni los mecanismos de financiamiento, aspectos que podrían impactar las finanzas públicas si no se ajustan.
Reunión clave para definir el futuro con contratistas
Hoy, a las 10:00 a.m., está programado un encuentro entre legisladores y representantes del CODIA para evaluar si la carta de observaciones enviada por el Poder Ejecutivo ya ha sido respondida o si se requiere un nuevo borrador de la ley con ajustes técnicos. Hasta el momento no se ha divulgado oficialmente cuál es el contenido detallado de esa carta, lo que hace que la reunión sea clave para entender el estatus real del proyecto y los puntos que debe perfeccionar.
Para muchos contratistas, técnicos y sectores productivos, esta sesión será un termómetro para anticipar no solo qué modificaciones serán necesarias en el documento, sino también el tiempo que podría tomar para que la normativa vuelva al pleno del Congreso y, eventualmente, sea promulgada.
¿Qué sigue ahora para el Congreso?
Una vez que el Congreso reciba la carta de observaciones formal del Poder Ejecutivo —que aún no se ha hecho pública en su totalidad— deberá cumplir con un proceso específico establecido en la Constitución dominicana:
- La pieza se devuelve al pleno de cada cámara para conocer nuevamente el proyecto en una sola lectura con las observaciones presentadas por el Ejecutivo.
- Si ambas cámaras aprueban otra vez la ley con dos terceras partes de los votos a favor, la normativa se promulga sin cambios.
- Si el Congreso no actúa sobre las observaciones dentro de dos legislaturas ordinarias, estas se consideran aceptadas.
Este proceso exige colaboración técnica y política para garantizar que la futura ley sea robusta, viable fiscalmente y ofrezca solución a las deudas de contratistas que esperan respuesta desde hace décadas.
Historial de devoluciones presidenciales
La observación no es un hecho aislado en la gestión de Abinader. Desde que asumió el poder en agosto de 2020, el mandatario ha devuelto al Congreso al menos ocho proyectos de ley por inconsistencias en su redacción, impacto fiscal o sugerencias de mejoras, entre ellos iniciativas relacionadas con residuos sólidos, creación del Ministerio de Justicia, la ley de la Cámara de Cuentas, la de fiscalización y control del Congreso y la del Tribunal Superior Electoral.
Este historial muestra que antes de promulgar una ley, el Poder Ejecutivo y el Legislativo entran en un diálogo técnico para perfeccionar el contenido de las normas, un proceso que, en este caso, tendrá un momento definitorio mañana.
