El representante del CIC consideró preocupante el silencio de las autoridades gremiales, especialmente cuando se aproxima el cierre del año y todavía persisten interrogantes sobre los avances de los expedientes correspondientes a las acreencias históricas
SANTO DOMINGO.– El Comité Institucional Codiano (CIC) expresó su preocupación por la falta de definición sobre el ejercicio de la veeduría atribuida al Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), conforme al artículo 16 de la Ley 16-26, y reclamó a su Junta Directiva Nacional adoptar una decisión institucional que garantice el cumplimiento de esa responsabilidad.
El vocero de la organización, ingeniero Miguel Liberato, explicó que la solicitud busca asegurar que la supervisión del proceso de verificación y validación de las deudas históricas con los contratistas se desarrolle con independencia, capacidad técnica y continuidad.
En ese sentido, aclaró que la posición del comité no constituye un cuestionamiento a la autoridad ni a las facultades de representación legal del presidente del gremio, arquitecto George Richardson, sino una exigencia para que la vigilancia de los procedimientos se ejerza de manera efectiva.
Asimismo, Liberato recordó que el pasado 26 de octubre depositó una comunicación dirigida al titular del colegio profesional, solicitando aclaraciones sobre quién desempeña actualmente la función de veedor ante la Comisión Ejecutora de la Ley 16-26, sin que hasta la fecha haya recibido una respuesta oficial por escrito.
Cuestionan falta de respuesta y funcionamiento institucional
Ante esta situación, el representante del CIC consideró preocupante el silencio de las autoridades gremiales, especialmente cuando se aproxima el cierre del año y todavía persisten interrogantes sobre los avances de los expedientes correspondientes a las acreencias históricas.
De igual manera, manifestó inquietud por el funcionamiento de la actual Junta Directiva Nacional, al señalar que, durante las primeras trece semanas de gestión, cinco de las trece reuniones semanales previstas no se han celebrado.
A juicio de Liberato, esta situación evidencia dificultades en la dinámica institucional del organismo, en momentos en que se requiere mayor coordinación para atender los compromisos relacionados con el pago de las obligaciones pendientes.
CIC reclama una veeduría técnica e independiente
Por otra parte, el ingeniero reiteró sus objeciones a la posición comunicada por el viceministro del Tesoro, Derby de los Santos, según la cual la Comisión Ejecutora reconoce como veedor del CODIA a su representante legal.
Sobre este particular, precisó que la Ley 16-26 atribuye esa responsabilidad al colegio profesional como institución, por lo que corresponde a sus órganos de dirección determinar formalmente quiénes deben ejercerla, de acuerdo con sus atribuciones estatutarias y reglamentarias.
«No cuestionamos la autoridad del presidente del CODIA, pero entendemos que se trata de una responsabilidad tan importante que no debe depender exclusivamente de la disponibilidad de una persona, en virtud de que la veeduría debe ser institucional, técnica, independiente y, sobre todo, efectiva», expresó Liberato.
El portavoz sostuvo que la complejidad del proceso de revisión de las acreencias requiere personal con experiencia y disponibilidad suficiente para dar seguimiento a los expedientes, identificar posibles obstáculos y contribuir a la transparencia de las actuaciones.
Solicitan designar representantes antes de finalizar noviembre
En respuesta a estas preocupaciones, los contratistas agrupados en el CIC solicitaron que la Junta Directiva Nacional considere la designación formal de por lo menos dos representantes con conocimientos y experiencia en el manejo de las deudas históricas.
Además, plantearon la aprobación, antes de concluir noviembre, de un plan operativo que contemple reuniones de seguimiento, identificación de dificultades y solicitudes periódicas de información a las entidades involucradas.
La propuesta también incluye la elaboración de informes sobre los avances de la Comisión Ejecutora y las instituciones deudoras, con el propósito de mantener una supervisión continua del procedimiento establecido en la legislación.
Bajo esa perspectiva, el comité considera necesario fortalecer los mecanismos de coordinación institucional para evitar nuevas demoras en la revisión y validación de los compromisos económicos pendientes.
Advierten sobre retrasos en el pago de deudas históricas
Finalmente, Liberato advirtió que los contratistas no están dispuestos a permitir que transcurra otro año sin respuestas concretas sobre las obligaciones económicas acumuladas.
«Los contratistas del CIC no podemos permitir que transcurra otro año entre promesas, indefiniciones y obstáculos burocráticos, ya que la Ley 16-26 fue aprobada para contribuir a resolver deudas históricas, y todos los organismos llamados a intervenir en su ejecución deben asumir sus responsabilidades con diligencia y sentido de urgencia», enfatizó el portavoz de la organización.
De esta manera, el Comité Institucional Codiano reiteró su llamado a las autoridades del CODIA para que adopten una decisión formal sobre la representación del gremio ante la Comisión Ejecutora, con el objetivo de garantizar una veeduría permanente, independiente y orientada a dar seguimiento al proceso de reconocimiento y pago de las acreencias de los contratistas.
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