Organizar, regularizar y continuar es lo óptimo para la economía
Por Pedro Ardón
El Inmobiliario
SANTO DOMINGO.-Annerys Meléndez, presidenta de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (ACOPROVI), critica y analiza la situación actual de la deportación de los ciudadanos haitianos, destacando que una repatriación desordenada solo lograría la paralización de las obras e incumplimiento en los tiempos de entrega de los proyectos de construcción.
Destacó la realidad innegable sobre cómo en la mayoría de países, los inmigrantes son los que realizan los trabajos forzosos que los nativos no están dispuestos a realizar, haciendo énfasis en la “construcción”.
Dijo que desde Acoprovi se reconoce la importancia de que la mano de obra haitiana ocupada en las labores rudimentarias de la construcción, por falta de preferencia e interés de los dominicanos, se encuentre regularizada.
«El operativo de repatriación de haitianos es una excelente oportunidad para identificar el personal migrante trabajador que cumple con las condiciones para tener permisos de trabajo, y así facilitar la formalización de los trabajadores necesarios para dichas labores rudimentarias», acotó.
Annerys Meléndez. (Fuente externa).
La líder expresó la confianza que posee su institución en que se seguirán promoviendo a través del Estado y del operativo que se está realizando, políticas públicas que sean capaces de garantizar una regulación migratoria ordenada, que propicie el desarrollo sostenible de un sector clave de la economía nacional.
“Un operativo migratorio desordenado, que no permita la escalonada nacionalización de mano de obra en la construcción al no respetar la preferencia del dominicano sobre labores específicas dentro de la construcción, solo lograría la paralización de las obras y la consecuente imposibilidad de cumplimiento de tiempos de entrega de los proyectos, es decir, un efecto negativo en el sector construcción de viviendas que afecta a los mismos compradores dominicanos”, agregó.
Concluye la ejemplificación estableciendo que existirían consecuencias económicas irreversibles en los proyectos, aumentando así el precio de la vivienda.
Animó a la población a seguir monitoreando el caso, velando siempre porque se realice desde el respeto a los derechos humanos. “Estamos como toda la población, atentos a las informaciones oficiales”.
