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Inversionista estadounidense deposita denuncia penal contra agentes estatales por actuaciones en Playa Encuentro

La empresa Inversiones Calpe, representada por Lance B. Lundberg, presentó una denuncia penal contra agentes policiales, militares y funcionarios públicos por presuntas detenciones arbitrarias, incursiones en propiedad privada e incumplimiento de sentencias judiciales relacionadas con terrenos en Cabarete

SANTO DOMINGO.– El inversionista estadounidense Lance B. Lundberg, representante de Inversiones Calpe, S. R. L., depositó una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República contra agentes policiales, militares y funcionarios públicos, por presuntas actuaciones ilegales en terrenos de su propiedad ubicados en las inmediaciones de Playa Encuentro, en Cabarete, provincia Puerto Plata.

La acción judicial, presentada también ante la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, señala supuestos abusos de autoridad, detenciones arbitrarias, destrucción de bienes e incumplimiento de decisiones judiciales que, según la compañía, reconocen y protegen sus derechos sobre los inmuebles.

En ese sentido, la denuncia fue interpuesta a través de los abogados Nassef Perdomo Cordero, Laura Acosta Lora y Luis Antonio Peláez Sterling, quienes solicitaron investigar las actuaciones de miembros de la Policía Nacional, la Policía Turística (Politur), el Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa), la Armada de República Dominicana y funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y del Ministerio Público.

De acuerdo con la empresa, los hechos denunciados se habrían producido en el contexto de un conflicto por la propiedad y el acceso a Playa Encuentro, que ha generado controversias judiciales durante aproximadamente 18 años.

Operativos policiales y presuntas detenciones arbitrarias

Entre los acontecimientos señalados en la instancia figura un operativo realizado el 1 de octubre de 2026, cuando agentes policiales, algunos presuntamente encapuchados, habrían ingresado de madrugada a los terrenos y retirado pilotillos de madera utilizados para delimitar la propiedad.

Según la versión de Inversiones Calpe, estas actuaciones se ejecutaron sin respetar las decisiones judiciales que, sostiene, le reconocen el derecho a cercar y proteger sus inmuebles.

Asimismo, la compañía denunció que, durante otra intervención, varios trabajadores y miembros del personal de seguridad fueron detenidos por las autoridades.

Uno de los empleados, conforme a lo expuesto en la denuncia, habría recibido una descarga eléctrica mientras se encontraba sometido físicamente por agentes participantes en el operativo.

Ante esta situación, la empresa considera que estos acontecimientos constituyen posibles violaciones a los derechos de propiedad y a las garantías legales de las personas afectadas, por lo que solicitó determinar las responsabilidades individuales de los involucrados.

Tribunal de Puerto Plata ordenó liberar a trabajadores detenidos

Como parte de los acontecimientos descritos, dos de los trabajadores detenidos fueron presentados ante los tribunales de Puerto Plata, luego de que las autoridades actuantes formularan acusaciones en su contra.

Sin embargo, mediante la resolución número 609-01-2026-SMED-00464, del 5 de octubre de 2026, un tribunal rechazó la solicitud de medida de coerción presentada contra ambos imputados y dispuso su libertad pura y simple.

Esta decisión es citada por la compañía dentro de su denuncia para sustentar sus cuestionamientos a los procedimientos utilizados durante los operativos.

No obstante, el rechazo de una medida de coerción no constituye, por sí mismo, una determinación judicial sobre la legalidad de todas las actuaciones denunciadas ni sobre la responsabilidad penal de los agentes.

Sentencias judiciales que respaldarían los derechos de propiedad

Otro de los principales argumentos de Inversiones Calpe es la existencia de decisiones judiciales que, según sostiene, han reconocido sus derechos sobre los terrenos involucrados en la controversia.

Entre estas figura la sentencia número 0030-1643-2024-SSEN-00889, dictada el 13 de noviembre de 2024 por el Tribunal Superior Administrativo (TSA), mediante la cual se ordenó a varias instituciones públicas cesar las intromisiones en los inmuebles y retirar señalizaciones consideradas erróneas sobre los accesos a Playa Encuentro.

Posteriormente, el 30 de abril de 2025, el mismo tribunal emitió otra decisión dirigida a garantizar el cumplimiento efectivo de lo ordenado anteriormente.

De acuerdo con la información suministrada por la empresa, esta última disposición estableció que los propietarios debían poder cercar sus terrenos sin obstáculos y fijó un astreinte de RD$1,000 diarios contra determinadas instituciones por retrasos en la ejecución de la sentencia.

Cabe señalar que el astreinte constituye una sanción económica coercitiva destinada a incentivar el cumplimiento de una decisión judicial, cuyo alcance depende de las condiciones establecidas por el tribunal.

En consecuencia, los representantes legales de la compañía sostienen que las intervenciones denunciadas se produjeron pese a la existencia de estos pronunciamientos judiciales.

Acceso público a Playa Encuentro también genera controversia

Por otra parte, la disputa no se limita a la delimitación de los terrenos, sino que también involucra las vías de acceso público a Playa Encuentro, uno de los espacios costeros conocidos de Cabarete.

Según la denuncia, distintas decisiones judiciales han abordado esta situación y señalado la vía que atraviesa la urbanización Vista del Caribe como acceso público a la playa.

De igual manera, la compañía recuerda que el Tribunal Constitucional ha conocido diversas controversias vinculadas con los inmuebles y las actuaciones de las instituciones públicas en la zona.

De esta forma, el conflicto plantea dos aspectos que deben distinguirse: los derechos de propiedad privada alegados por Inversiones Calpe y las disposiciones relacionadas con el acceso público al litoral.

Solicitan a la Procuraduría investigar a funcionarios y agentes

Finalmente, a través de la acción penal, los abogados del inversionista estadounidense buscan que el Ministerio Público investigue los hechos denunciados, identifique a los participantes en los operativos y determine si sus actuaciones constituyen infracciones penales.

Además, la compañía pretende que se esclarezca si las intervenciones realizadas por las autoridades contradijeron las decisiones emitidas por los tribunales competentes.

Hasta el momento, la información suministrada no incluye una respuesta de las instituciones señaladas ni establece que se hayan determinado responsabilidades penales contra los agentes y funcionarios mencionados.

La denuncia deberá ser examinada por el Ministerio Público, al que corresponde evaluar los hechos y las pruebas aportadas, sin que las acusaciones formuladas por la empresa impliquen culpabilidad de las personas señaladas.

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