La reciente sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA) que ordena modificar los límites del Parque Nacional Jaragua continúa generando reacciones dentro del ámbito ambiental y jurídico. El exministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, expresó su rechazo a la decisión al considerar que representa un grave riesgo para la protección del patrimonio natural y podría sentar un precedente para otras áreas protegidas del país.
El fallo, que ya fue apelado por el Gobierno dominicano, dispone la revisión de los linderos del parque, una medida que ha encendido el debate sobre la seguridad jurídica de los territorios bajo protección ambiental. Jaragua forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y es reconocido por su valor ecológico, al albergar ecosistemas costeros, bosques secos y una amplia biodiversidad.
“Un precedente que pone en peligro todas las áreas protegidas”
Domínguez Brito afirmó que la decisión ha causado impacto por las implicaciones que podría tener más allá del propio parque. “Estamos impactados con esta decisión, no solamente porque golpea el Parque Jaragua, sino por el precedente que implica”, señaló, al advertir que este tipo de resoluciones podría abrir espacio a antiguas pretensiones de apropiación irregular dentro de zonas protegidas.
El exfuncionario calificó la sentencia como temeraria y sostuvo que, a su juicio, vulnera el marco constitucional. Explicó que la Constitución establece que la única vía para reducir un área protegida es mediante la aprobación de las dos terceras partes del Congreso, por lo que —según indicó— no correspondería a decretos ni a decisiones judiciales alterar esos límites.
Llamado a una alerta institucional
Domínguez Brito advirtió que la medida podría debilitar la integridad del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y exponer ecosistemas estratégicos a presiones económicas y particulares. En ese contexto, consideró que la situación obliga a las autoridades a mantenerse en alerta y a actuar dentro de las jurisdicciones correspondientes para evitar efectos de mayor alcance.
“Esto pone en peligro todas las demás áreas protegidas. Obliga a las autoridades a una alerta general”, expresó el exministro, al tiempo que instó al presidente de la República a pronunciarse y a activar a los organismos del Estado para responder ante el escenario legal abierto por la sentencia.
Lecturas recomendadas:
