Nagua.- La asociación de agentes inmobiliarios de la provincia María Trinidad Sánchez (AIMTS), reclamó del Estado dominicano y de la justicia, ofrecer respuestas al grupo de personas víctimas de una estafa inmobiliaria por parte de la empresa IndisArq, tras destacar que muchos de los afectados pertenecen a esta región del nordeste dominicano.
“Situaciones como estas nos hacen exigir un fortalecimiento de la seguridad y protección a la propiedad, además de una pronta aprobación del nuevo proyecto de ley sobre el corretaje inmobiliario en la República Dominicana, que cursa en el congreso desde hace varias décadas”, expuso la entidad en nota de prensa enviada a El Inmobiliario.
De igual manera, formularon un llamado a la Asociación de Agentes y Empresas Inmobiliarias del país (AEI), y otros gremios inmobiliarios y de la construcción, “a que aprovechen la ocasión para respaldar a las víctimas, fortalecer nuestra legislación y seguir luchando por aprobar la nueva ley de corretaje que cursa en el Congreso Nacional”.
La AIMTS deploró la situación “inusual y aislada” que ha ocurrido en el mercado inmobiliario de la República Dominicana, tras sostener que con tantos proyectos correctos y satisfactorios que existen en el país, este en particular afecta la imagen de la industria.
Narró la asociación, que Dayanara Borbón es una activista social oriunda de Nagua y residente en Nueva York, y quien los puso al tanto de los hechos y les contó la historia del calvario que viven, en un encuentro virtual con miembros de la organización.
“A la fecha son 117 personas reportadas como víctimas de estafa por parte del señor Enmanuel Rivera Ledesma y su empresa IndisArq, con más de 90 querellas legalmente presentadas, sin respuesta ni reacción contundente del Estado dominicano”.
Durante la reunión Borbón informó a la AIMTS «que muchas de las víctimas de estafa son oriundos de Nagua que firmaron contratos, avanzaron mucho dinero para apartamentos y locales comerciales, a pesar de comprar a través de asesores legales y agentes inmobiliarios, por lo que sienten frustración al haber invertido sus ahorros de toda una vida, en proyectos inmobiliarios sin sustento legal ni moral».
“En este caso, la empresa desarrolladora parecería ser que planeó muy bien el sistema, y mintió a todos, sobre los títulos de propiedad y sobre la promesa de entrega de apartamentos. Al colmo de que vendieron 4 edificios, de los cuáles sólo construyeron uno. La empresa desarrolladora vendió apartamentos en plano, en terrenos que ni siquiera habían concluido la compra, por lo que ni siquiera eran los dueños legales de los mismos”, expone la asociación.
Dijeron que la empresa, según consta en su página web, dice tener más de 30 años en el mercado, pero el Registro Mercantil revela que fue creada hace apenas 8 años.
Recordó la organización en el documento de prensa, que el 09 de octubre la vicepresidenta de la República Dominicana, Raquel Peña, anunció al país, la conformación de una Mesa Técnica para enfrentar la problemática de las estafas inmobiliarias. “Nosotros no vamos a seguir permitiendo este tipo de fechorías”, resaltó la vicemandataria.
