El gremio de constructores marca su posición, pone su visión y capacidades técnicas a disposición del gobierno, y el proyecto de ley ya está en manos de la Consultoría Jurídica, camino al Congreso, en medio de una inflación que en abril llegó a 5.11%.
SANTO DOMINGO.- La Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (ACOPROVI) emitió un comunicado en el que valora positivamente las intenciones del llamado Plan Anti-Crisis, pero dejó trazada una línea clara: los incentivos que permiten a las familias dominicanas acceder a vivienda de bajo costo deben quedar intactos.
El pronunciamiento llegó horas después de que el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, presentara ante los medios de comunicación un proyecto de ley concebido en cuatro dimensiones: medidas pro-crecimiento, simplificación tributaria, combate a la evasión y consolidación fiscal, con el objetivo declarado de recaudar entre RD$40,000 y RD$50,000 millones adicionales para enfrentar los efectos de la desaceleración económica global y las tensiones comerciales internacionales.
Las medidas del plan relacionadas con vivienda incluyen la derogación gradual del impuesto del 2% a las hipotecas, la reducción del ISR por Ganancia de Capital en venta de inmuebles de personas físicas de 25% a 10%, la eliminación inmediata del 1% por constitución de compañías, la derogación gradual del Impuesto Selectivo al Consumo a los seguros de vida y la reducción del impuesto sucesoral entre padres e hijos en vida de 25% a 3%.
Entre las señales que el sector inmobiliario recibió con alivio, es que el plan establece que no se aplicarán variaciones al ITBIS, al Impuesto al Patrimonio Inmobiliario (IPI), al impuesto sobre la renta de las mipymes, ni a las transacciones de compras por internet y plataformas digitales. Para ACOPROVI, esa es la dirección correcta.
La postura del sector: apoyo con condiciones
Desde el sector construcción, el llamado no es de oposición sino de vigilancia. ACOPROVI se reiteró en apertura al diálogo, pero condicionó su respaldo a que cualquier revisión del esquema tributario preserve la seguridad jurídica y no comprometa los proyectos de vivienda asequible que en las últimas décadas han permitido a decenas de miles de familias acceder a un techo propio.
Aunque un análisis del plan revela que las medidas relativas a vivienda operan dentro del mercado formal financiado. Los beneficiarios son quienes ya tienen acceso al sistema bancario o están en condiciones de acceder a él, y las familias con déficit habitacional cualitativo no resuelven su situación con crédito hipotecario.
El gremio ofreció su visión y capacidades técnicas para acompañar los debates que se lleven a cabo. El proyecto ya está en el Congreso Nacional, donde se formó una comisión bicameral para su estudio.
El ministro Díaz anunció que Hacienda acompañará ese proceso con datos verificables, bajo tres principios: estabilidad económica, equidad tributaria y responsabilidad en el uso de los recursos públicos.
El contexto que presiona al Gobierno
En la coyuntura que rodea el plan, el Banco Central reportó que la inflación interanual alcanzó 5.11% en abril de 2026, ligeramente por encima del rango meta establecido, mientras el Gobierno ajusta sus políticas para responder al entorno geopolítico internacional combinando subsidios focalizados, reducción de gastos y flexibilidad fiscal.
Frente a ese contexto, el ministro Díaz subrayó que se trata de una reforma progresiva en la que, si una empresa no genera ingresos, no pagará impuestos, argumento con el que buscó sumar al empresariado a la iniciativa.
El plan incluye además una amnistía tributaria vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, la eliminación del anticipo del Impuesto sobre la Renta para la mayoría de las microempresas, figura históricamente cuestionada por el sector privado como una carga financiera injusta, y el incremento de las deducciones educativas.
Las medidas de equilibrio fiscal se apoyarán también en una reducción del gasto corriente y en un incremento del ISR a los grandes contribuyentes.
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