Aunque reconoce que el país necesita una reforma fiscal, ell eta Raúl Ovalle considera que 2026 no es el año adecuado para implementar una reforma fiscal.
SANTO DOMINGO. – La inversión pública vuelve a ocupar un lugar central en el discurso económico del gobierno y, para el economista Raúl Ovalle, este giro es relevante, especialmente para el sector construcción.
Durante la entrevista que concedió a La Ventana de El Inmobiliario, explicó que tras varios años en los que predominó la idea de que la infraestructura debía impulsarse principalmente desde el sector privado, el presupuesto y los anuncios recientes apuntan a un cambio de enfoque.
Ovalle observó que, al menos a nivel de señales, hay una mayor comprensión del rol del Estado en la provisión de bienes públicos. “Si analizamos la historia de la infraestructura mundial, más del 90% de las obras de infraestructura de bienes públicos las ha hecho el gobierno”, afirma.
Pese al cambio de narrativa y ejecutoria, en este segundo mandato, Ovalle observa que los niveles de inversión pública siguen siendo bajos en términos históricos.
En una economía como la dominicana, explica el especialista, la inversión pública debería situarse alrededor del 3% del PIB, lo que equivaldría a más de 3,000 millones de dólares anuales. En la práctica, el gasto ha rondado el 2% del PIB y, en muchos casos, con ejecuciones por debajo de lo presupuestado. Aun con los ajustes realizados por el Ministerio de Hacienda, el monto sigue siendo insuficiente.
La expectativa para 2026 es moderadamente optimista y Ovalle anticipa una mejor ejecución y mayor presencia de la “maquinaria del sector público”, lo que podría convertirse en un motor clave para la recuperación de la construcción y, por extensión, del mercado inmobiliario.
El telón de fondo de esta discusión es el persistente déficit fiscal, ya que la República Dominicana arrastra casi 25 años de desbalances fiscales, en un contexto donde el servicio de la deuda consume cada vez más ingresos y los subsidios, particularmente los eléctricos, se han multiplicado.
“El espacio fiscal se está reduciendo, y eso lleva a la necesidad de un ajuste”, advierte.
No obstante, el economista es enfático en que el momento importa tanto como el diseño. Aunque reconoce que el país necesita una reforma fiscal, considera que 2026 no es el año adecuado para implementarla. Y utiliza una metáfora médica para ilustrarlo: “Tener colesterol alto no significa que tendrás un infarto mañana, pero si no haces nada, en el tiempo las arterias pueden taparse”.
El país, a su entender, no enfrenta un problema de solvencia inmediata, sino que ve el riesgo a mediano plazo, asociado a la rigidez del gasto y a la baja inversión en infraestructura.
Antes de una reforma tributaria, el economista sugiere enviar señales claras de eficiencia, reordenar el gasto y redirigir los ahorros hacia inversión pública, como forma de construir la legitimidad política necesaria para un ajuste más profundo que, desde su punto de vista, debería discutirse hacia 2028.
Para el sector inmobiliario, el mensaje que deja el análisis de Ovalle es claro: la recuperación dependerá más de una combinación de estabilidad macroeconómica, mayor inversión pública y decisiones fiscales bien temporizadas y menos de medidas aisladas.
