SANTO DOMINGO.-Las denuncias de estafas inmobiliarias, por algunos de cuyos casos guardan prisión un grupo de personas a las que el Ministerio Público señala como responsables de los hechos, fueron de las dificultades que afrontaron los sectores inmobiliario y de la construcción durante el año 2024.
En octubre 2023 la vicepresidenta de la República Raquel Peña se pronunció al respecto, anunciando que el gobierno crearía una comisión técnica para hacer frente a las denuncias que ya habían trascendido a la opinión pública de casos de engaños a adquirientes de viviendas, especialmente a miembros de la comunidad dominicana residente en Estados Unidos.
Aunque solo se quedó en palabras, Peña manifestó que, por instrucción del presidente Luis Abinader, el Gobierno dominicano no permitiría la ocurrencia de estos actos delictivos. “Nosotros no vamos a seguir permitiendo este tipo de fechorías”, resaltó la vicemandataria, a propósito del caso de la constructora IndisArq.
Entrando enero de este año, el Ministerio Público puso en marcha la “Operación Nido”, mediante la cual siete personas y dos estructuras comerciales, incluyendo la constructora IndisArq, fueron acusadas de formar parte de una estructura delictiva que habría captado más de 700 millones de pesos con la venta fraudulenta de apartamentos en el Gran Santo Domingo.
La noche del jueves 11 del primer mes del año, el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, dictó 18 meses de prisión preventiva contra el principal implicado en la alegada red de estafa inmobiliaria, Emmanuel Rivera Ledesma, medida que cumple en el Centro Correccional y de Rehabilitación (CCR) Najayo-Hombres.
De acuerdo al expediente del Ministerio Público, de más de 400 páginas, la red habría vendido varias veces un mismo inmueble, hecho que fue denunciado por varias de las alegadas víctimas. Reilin Arismendy Rosario García, uno de los implicados que cooperó con las autoridades, reveló que una torre de 14 apartamentos fue vendido 31 veces. La cantidad de querellantes ascendió a más de 300 víctimas.
Segundo caso
También en enero, una estafa inmobiliaria fue denunciada por varias familias quienes alegadamente pagaron por la adquisición de apartamentos en una torre localizada en el sector Renacimiento del Distrito Nacional, de donde algunos fueron desalojados.
El ingeniero Jorge Freddy Figuereo de los Santos, fue el constructor señalado como responsable de los hechos y quien habría incurrido en duplicidad de hipoteca, contrayendo deudas que no pudo saldar, razón por la cual habría perdido la torre Cofisa, localizada en la calle Manolo Tavarez Justo en la capital dominicana.
Una investigación presentada la noche del lunes 15 de enero 2024, en el “Informe con Alicia Ortega”, reveló que de los Santos aún teniendo un contrato de crédito con garantía hipotecaria con el Banco de Reservas por 62. 5 millones de pesos, incurrió en 4 préstamos adicionales por más de US5 millones de dólares con la sociedad comercial TLI Investments, supuestamente para terminar el inmueble.
“Y al recibir esos 4 préstamos y no poderlos pagar, pues perdió la torre en virtud de una sentencia de adjudicación que trajo consigo que el señor Julio Colón que vivía en la torre 8A fuera despojado”, reveló a El Informe el abogado José Aníbal Guzmán, representante legal de las víctimas.
Marcelino Báez, mayor general retirado de las fuerzas armadas y su esposa Delma Matos, narraron que en el año 2014 pagaron al ingeniero la suma de 9.5 millones de pesos por el apartamento 2B de la referida torre.
Otro afectado fue Julio Colón, quien expuso que luego de trabajar en Estados Unidos por más de 40 años, adquirió en la torre Cofisa la unidad 8A por la cifra de 8 millones de pesos. RD$650 mil de inicial el 26 de julio de 2013 y concluyó en el 2018 el pago total.
También dijeron haber sido víctimas de estafa Raúl Almonte y familia y Elsa de Jesús. Brasil Jiménez, abogado de esta última afectada, narró que encontraron que el apartamento que le correspondía a de Jesús estaba adjudicado a favor de la razón social TLI Investments y que la vivienda de la señora fue transferida a nombre de otra persona.
Tercer caso
Este mes de diciembre otro caso salió a la luz pública de un grupo de personas, a quienes la empresa Novasco Real Estate S. R. L, habría estafado con la compra de inmuebles, caso del que ha sido apoderado el Ministerio Público de la Romana.
Carolina Núñez, abogada representante de 38 víctimas destacó que el monto envuelto entre las personas querellantes a través de su oficina, es de aproximadamente US500 mil dólares. “La empresa que sería la desarrolladora del proyecto se conoce como Novasco Real Estate, una empresa que fue creada como empresa de fachada, apenas se constituyó en el año 2021 y ocho meses después ya estaba siendo promovida como una gran desarrolladora de proyectos”, expuso.
Marina Marte, una de las alegadas víctimas, narró a El Inmobiliario que pagó la suma de US16,100, en un proyecto pautado para iniciar en julio del presente año y que al día de hoy no hay rastros de construcción alguna. “El proyecto estaba pautado para darle inicios en julio 2024 y esta es la fecha que no lo han iniciado, no nos dan información del proyecto, cerraron sus oficinas, tenían un proyecto en Romana para la última etapa ser entregada en marzo 2024 y ni siquiera los terrenos están a nombre de ella, no han hecho ningún movimiento de tierra”.
¿Qué han hecho las instituciones del sector?
En abril la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (ACOPROVI) anunció la firma de un convenio con cinco de las principales entidades del sector construcción e inmobiliario del país, con el objeto de robustecer la industria y brindar más seguridad a los compradores e inversionistas.
El acuerdo tuvo por objetivo promover prácticas de excelencia en el sector de la construcción e inmobiliario, a través de la emisión de informaciones, parámetros, mandamientos legales y acciones de educación para evitar estafas inmobiliarias.
En ese sentido, en mayo representantes del gremio se reunieron con el cónsul Eligio Jáquez para trazar pautas de orientación contínua para los dominicanos ausentes radicados en los Estados Unidos.
“Actualmente nos estamos enfocando en guiar a la diáspora en inversiones inmobiliarias seguras en la República Dominicana. Tenemos un compromiso con el sector de la construcción y la vivienda, y es por ello que hemos decidido preparar materiales con información precisa y pertinente para orientar a los dominicanos ausentes en cuándo y cómo es seguro invertir en inmuebles en nuestro país”, comentó Annerys Meléndez, presidenta de Acoprovi durante la reunión con el entonces diplomático dominicano.
Anteproyectos para incrementar las penas por estafa
Tanto el proyecto de ley sobre persecución y judicialización de las organizaciones criminales que depositó este mes de diciembre ante el Congreso Nacional el Poder Ejecutivo, como la propuesta de ley de intermediación inmobiliaria que estudia actualmente una Comisión Especial en la Cámara de Diputados, disponen mayores castigos para las personas que incurran en el delito de estafas en la República Dominicana.
En la sección VI «de los delitos de estafa masiva», la pieza sometida por el presidente Luis Abinader dice: «incurre en el delito de estafa masiva, quienes, valiéndose de nombres y calidades supuestas o empleando manejos fraudulentos, por acción u omisión, con ánimo de lucro, utilice engaño o maniobra fraudulenta para atraer activos de una pluralidad de personas, con la promesa de suministrarle un beneficio pecuniario».
La ley cuyo objeto, dice, es establecer reglas efectivas para la detección, persecución, judicialización y sanción de los hechos de criminalidad organizada tipificados en la misma, plantea que los culpables de estafas masivas serán sancionados con penas de 3 a 10 años de prisión y una multa de cien a 3 mil salarios mínimos.
El Código Penal actual de la República Dominicana establece en su artículo 405 una pena de seis meses a dos años de prisión correccional, para la estafa y multa de veinte a doscientos pesos.
El artículo 55 del anteproyecto de ley que regularía la Intermediación Inmobiliaria en el país propone que los delitos inmobiliarios que posean «circunstancias agravantes», sean castigados con hasta 10 años de prisión y hasta 100 salarios mínimos tomando como referencia lo que se paga en el sector público.
