La Asociación de Hoteles y Proyectos Turísticos de la Zona Este lleva 27 años reclamando un plan de ordenamiento territorial, que según se anunció, estará listo en 60 días.
SANTO DOMINGO. – Este miércoles 10 de septiembre, durante los actos de apertura de la Exposición Comercial 2025 de la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes -Asonahores- el ministro de Turismo, David Collado, anunció que en menos de 60 días estará listo el plan de ordenamiento territorial del distrito municipal de Verón-Punta Cana.
El empresario turístico Frank Rainieri, pionero en el desarrollo del destino, aplaudió el anuncio: “por fin vamos a tener un plan de ordenamiento territorial”, no sin reiterar que el reclamo de la Asociación de Hoteles y Proyectos Turísticos de la Zona Este lleva 27 años sin respuesta, lo que ha llevado al crecimiento sin control ni orden.
Rainieri ha denunciado en varias ocasiones el uso irresponsable de las áreas costeras: eliminación de dunas, extracción de arena, daños a manglares, humedales y en una entrevista en Diario Libre habló de complicidad, tolerancia e impunidad.
Juan Bancalari, presidente de Asonahores, dijo el 2 de septiembre en una entrevista en Diario Libre que: “El ordenamiento territorial es el principal punto tratado en la estrategia de sostenibilidad… para que mañana no pongan una industria en una zona hotelera, o un hotel en una zona industrial” e incluyó a Las Terrenas, en Samaná, como el segundo destino a intervenir, por la alta densidad y al alto tráfico.
El ordenamiento territorial permite distribuir y delimitar de forma adecuada el uso del suelo, definir zonas de protección ambiental, áreas productivas, espacios urbanos y rurales. Su objetivo principal es lograr un desarrollo sostenible y armónico, evitando conflictos entre actividades económicas, sociales y ecológicas.
Su necesidad se basa en un crecimiento acelerado, que a su vez genera una gran presión sobre los recursos naturales e impacta en el cambio climático. Se trata de un proceso de planificación y gestión del espacio que procura organizar las actividades humanas de manera equilibrada, respetando el medio ambiente y garantizando el bienestar de la población.
El Plan Nacional de Ordenamiento Territorial anunciado por el Ministro de Turismo conlleva una inversión de US$ 89 millones, financiada por el Estado dominicano y el Banco Mundial y tendrá una ejecución a cuatro años.
Verón-Punta Cana: un espejo
El distrito municipal Verón-Punta Cana representa un laboratorio a gran escala de lo que puede salir mal cuando el crecimiento supera a la institucionalidad. La Ley 368-22 ofrece herramientas sólidas: otorga competencias, exige planeamiento, crea instituciones legales, obliga responsabilidades. Pero sin reconocimiento práctico, sin voluntad institucional clara y con los reglamentos solo parcialmente aplicados o desconocidos, ese marco legal se queda en el papel, mientras el “caos” al que Rainieri se refiere no es solo una queja estética.
Es una crisis de desarrollo: ambiental, económica y social, que requiere del funcionamiento de una autoridad clara, que acepte rendición de cuentas, respete la normativa y ejecute los planes territoriales, o de lo contrario Verón-Punta Cana corre el riesgo de que su crecimiento deje de ser ventaja para convertirse en lastre.
Radiografía
• Verón-Punta Cana, aunque es un distrito municipal turístico con más de 15,000 habitantes, ha reclamado la potestad de emitir permisos de construcción, uso de suelo y de gestionar su propio planeamiento urbano, según lo que dispone el Artículo 24 de la Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos.
• Sin embargo, muchas de esas gestiones no son reconocidas por el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED) ni por el Ayuntamiento de Higüey, que sostiene que ciertos permisos solo pueden ser otorgados por esa municipalidad cabecera. El alcalde de Verón afirma que esas autoridades continúan actuando como si la ley no existiera.
• La Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, en una comunicación del 3 de julio de 2025, confirmó que la Ley 368-22 está plenamente vigente desde el 24 de diciembre de 2022, día de su publicación en la Gaceta Oficial.
• A pesar de esa vigencia, algunos actores gubernamentales alegan que ciertos aspectos de la aplicación (los relacionados con oficinas locales de planeamiento urbano y certificados de uso de suelo) requieren un reglamento específico para poder entrar en funcionamiento efectivo. Verón dice que eso no puede seguir siendo una excusa para negarles autoridad.
• En Verón-Punta Cana hay proyectos inmobiliarios y turísticos que están paralizados por la falta de reconocimiento legal de los permisos emitidos por la Junta Distrital o por el despacho local competente. Las empresas dicen que no hay una justificación ni técnica ni legal para bloquear esos permisos.
• Además, en mayo de 2025 Verón decidió romper acuerdos municipales de reparto de arbitrios y tasas con Higüey, basándose en la nueva ley, alegando que esos cobros ya no les competen legalmente a Higüey para obras dentro de la demarcación de Verón.
Durante el taller, parte del programa de la Expo Asonahores 2025 titulado “Ordenamiento Territorial: hacia un desarrollo turístico planificado y sostenible”, los ponentes insistieron en que el mismo es clave para evitar que el turismo dominicano continúe su expansión sin reglas claras.
En la actividad se subrayó la importancia de aplicar de manera efectiva la Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo, junto con su reglamento Decreto 396-25, como instrumentos legales indispensables para coordinar a municipios, distritos turísticos y ministerios, entidades que mantienen una lucha de poderes.
Los empresarios y autoridades asistentes coincidieron en que la única forma de responder a los nuevos retos de sostenibilidad y diversificación del sector, es mediante una mesa de trabajo multisectorial que integre al Estado, al sector privado y a las comunidades locales. También se planteó la necesidad de reformar la Ley Orgánica de Turismo de 1969, considerada obsoleta.
Y aunque no es el único Distrito Municipal afectado por las disputas sobre uso de suelo, planeamiento urbano y competencias, es una de las situaciones más visibles y conflictivas, debido a su alta exposición turística, gran número de inversiones, presión sobre suelo, infraestructura, servicios y por la relevancia de las competencias legales que la Ley 368-22 asigna a distritos municipales con más de 15,000 habitantes y capacidad recaudatoria.
