Escarlin Pozo
El Inmobiliario
SANTO DOMINGO.-El abogado en derecho penal Francisco Álvarez Martínez afirmó que las malas prácticas inmobiliarias se han convertido en una problemática creciente que demanda una intervención urgente por parte del Estado.
Indicó que esta intervención debe realizarse en términos de transparencia, accesibilidad a la información, en un acompañamiento legal mínimo al ciudadano y en normas que salvaguarden los derechos de los compradores.
Así lo dio a conocer a través de su cuenta de X –antiguo Twitter – donde especificó que la realidad de la situación se está tornando “crítica” debido a que “la mayoría de los compradores” no cuentan con las herramientas para depurar de forma adecuada el inmueble que desean comprar.
En su publicación, dio a conocer los pasos que cada adquiriente debe realizar antes de concretar el cierre de cualquier transacción inmobiliaria. Para esto, dividió la explicación desde dos perspectivas.
La primera, cuando el inmueble ya existe, es decir, que está construido totalmente. En este renglón, compartió que es fundamental solicitar el título de la propiedad para confirmar que la persona que se encuentra realizando la venta sea el propietario.
Francisco Álvarez Martínez. (FUENTE EXTERNA).
En caso contrario, de que lo esté realizando el apoderado –con un poder legal – aconseja que se debe hablar de manera directa con el propietario para asegurar que tiene conocimiento sobre el proceso de venta que se pretende realizar.
También, especifica que resulta imprescindible contactar al notario para verificar que el acto notarial fue realizado por su persona y que no se trata de un intento de fraude.
Por otra parte, el abogado especificó que corresponde comprobar en el Registro Inmobiliario que el inmueble no tenga oposiciones, hipotecas, litigios o contingencias.
En caso de que el inmueble se encuentre en plano, es decir, un proyecto en fase de construcción o por edificar, se debe verificar si los desarrolladores forman parte de alguna asociación reconocida, mencionando así a la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi).
Sin embargo, acotó lo siguiente: “No es una garantía absoluta, pero reduce riesgos por los controles internos y regulaciones para sus miembros”.
Además, manifestó que es muy necesario priorizar los corredores inmobiliarios que cuenten con prestigio o con trayectoria reconocida.
Aunque especificó que en el país no se cuenta con una regulación estricta de este sector, puntualizó que cuando el profesional es altamente reconocido, puede añadir un nivel de seguridad.
En ese sentido, señaló que es necesario establecer un marco legal que regule el corretaje inmobiliario, ya que la falta de normativas deja a los compradores en una situación de vulnerabilidad. Por ello, insistió en que se debe gestar una ley de corretaje inmobiliario con urgencia.
Por último, indicó que es fundamental solicitar información sobre los permisos de construcción y la aprobación de planos antes de realizar la compra.
“Dependiendo de la fase del proyecto, puede que algunos documentos todavía no estén disponibles, pero lo que exista debe ser mostrado al posible comprador. Aspiremos a que estos datos sean de fácil verificación en algún portal web”, puntualizó.
Las claves para frenar los fraudes inmobiliarios
Francisco reveló que los fraudes inmobiliarios persistirán en República Dominicana mientras los “procesos legales sigan siendo complejos y costosos para los compradores”.
Para actuar frente a esta situación, el especialista propone al Gobierno crear una oficina de servicio con acceso a la información registral básica, bajo la supervisión de abogados, donde los ciudadanos puedan acudir para consultas y asesorías elementales.
También, plantea la necesidad de que se democratice la información en internet.
“Todo lo que no sea ‘reservado’ o ‘secreto’ por ley debería estar disponible en tiempo real. Esto permitiría que los usuarios consulten, por ejemplo, si un inmueble tiene cargas o gravámenes, reduciendo la dependencia de intermediarios”, precisó.
A su vez, sugiere que el Estado desarrolle y lance, de manera estratégica, una campaña de concientización masiva para informar y educar sobre los riesgos de adquirir un inmueble sin el debido proceso de verificación.
Entre sus puntualizaciones, mencionó la creación de un portal o sitio web donde se detallen los documentos necesarios antes de que una persona proceda a comprar un inmueble.
Por último, manifestó que se debe reforzar el marco legislativo de la nación para que el Ministerio Público pueda actuar de oficio ante fraudes inmobiliarios y casos considerados como excepcionales, con el objetivo de no depender exclusivamente de una querella privada para accionar.
