La tokenización inmobiliaria se proyecta como uno de los fenómenos financieros más relevantes para el real estate global en 2026. Según datos recogidos por El Inmobiliario, el mercado internacional de activos inmobiliarios tokenizados superó los USD 24,000 millones al cierre de 2025, impulsado por plataformas reguladas en Europa, Estados Unidos y Asia, donde la digitalización de la propiedad se articula con marcos jurídicos claros, supervisión financiera y sistemas tecnológicos interoperables. Sin embargo, ese escenario aún está lejos de replicarse en República Dominicana.
Aunque el país cuenta con un sistema inmobiliario estructurado y una normativa sólida sobre títulos de propiedad, expertos coinciden en que la tokenización requiere un nivel adicional de regulación financiera, tecnológica y contractual que hoy no existe en el ecosistema dominicano. La ausencia de leyes específicas para los llamados equity tokens, la falta de plataformas certificadas y la inexistencia de una cultura institucional de blockchain aplicada a bienes raíces limitan cualquier implementación real del modelo.
Un mercado que observa la tendencia, pero sin condiciones para ejecutarla
Edgar Antonio García Romero, CEO y cofundador de Backsource, empresa especializada en el desarrollo de sistemas informáticos para constructoras y proyectos inmobiliarios en República Dominicana, explica que el interés por la tokenización ya comenzó a aparecer en el sector, aunque de manera aislada.
“Nos encontramos con un caso puntual en Punta Cana en diciembre, cuando una constructora nos planteó la posibilidad de desarrollar un sistema que soportara tokenización. Fue ahí cuando entendimos que el tema ya estaba tocando la puerta del mercado dominicano”, señala.
Sin embargo, García es enfático en que el país aún no tiene las bases necesarias para operar este modelo de forma estructural. “La parte donde República Dominicana todavía tiene retos es en la regulación que existe para los equity tokens. Esa parte está en pañales. No hay una base legal clara que respalde la propiedad fraccionada mediante tokens”.
Desde su perspectiva, el principal problema no es tecnológico, sino jurídico, ya que “La blockchain puede registrar transacciones, pero eso no sustituye una regulación que diga claramente qué significa ser dueño de un token inmobiliario en términos legales”.
Y añade que “Hoy no existe en República Dominicana ningún sistema que permita que una constructora tokenice una propiedad, divida legalmente los derechos y administre eso de forma íntegra y validada por las instituciones”.
Infraestructura tecnológica y límites operativos
Aunque Backsource está desarrollando una plataforma pensada para servir como infraestructura tecnológica para constructoras que deseen digitalizar procesos de ventas, contratos y administración de activos, García reconoce “Nosotros podemos tener la tecnología, pero si el mercado no está listo, no tiene sentido implementarla. Esto depende de que el país tenga un marco legal que respalde el modelo”.
Incluso el modelo de compra completamente digital sigue pendiente de regulación. “Nuestra idea es que comprar una propiedad sea tan fácil como comprar en Amazon, pero eso solo es posible si existe una base legal que reconozca esos procesos digitales como válidos jurídicamente”.
“La tecnología no sustituye la seguridad jurídica”
Desde la experiencia histórica del sector, Bienvenido Paulino Columna, referente inmobiliario dominicano con más de 40 años de trayectoria, coincide en que el principal riesgo no es tecnológico, sino institucional.
En su columna Tokenización inmobiliaria: innovación con criterio, advierte que “La tecnología blockchain puede registrar transacciones con precisión, pero no sustituye el título de propiedad, los contratos ejecutables ni el marco legal dominicano”. Y es aún más directo al decir que “Un token digital, por sí solo, no garantiza propiedad real si no está respaldado por estructuras legales claras y responsables”.
Innovación sin improvisación
Paulino recuerda que el mercado dominicano ya ha sufrido las consecuencias de proyectos mal estructurados: “Nuestro mercado ya ha vivido las consecuencias de promesas sin sustento. La modernización debe construirse sobre bases sólidas, no sobre expectativas”. Finalmente, deja una advertencia que resume la discusión actual. “Innovar es necesario. Improvisar, no. Porque el mayor activo del sector inmobiliario sigue siendo la confianza”.
Un desfase entre la tendencia global y la realidad local
Mientras en mercados como España, Estados Unidos y Singapur la tokenización inmobiliaria avanza bajo esquemas regulados, con custodias digitales certificadas y supervisión financiera, en República Dominicana todavía no existe una definición legal sobre qué representa un token inmobiliario, cómo se ejecuta un contrato basado en blockchain o cómo se protege al inversionista ante conflictos legales.
A esto se suma la llegada del primer hotel tokenizado al país
Aunque la implementación general de la tokenización inmobiliaria sigue siendo un desafío, el país se prepara para un hito concreto. En 2026 iniciará la construcción del primer hotel completamente tokenizado en República Dominicana, el Grand ASTON Coral Golf Resort & Spa by Cáicu, ubicado en Punta Cana, un proyecto de hotel de lujo cuyo activo se dividirá en fracciones digitales accesibles a inversionistas de diversa escala.
Este proyecto, con una inversión estimada de USD 160 millones, representa un paso pionero en la región y un experimento práctico de cómo la tokenización puede aplicarse a un activo turístico de alto rendimiento, aunque su éxito dependerá de la claridad regulatoria y de cómo se estructure legalmente la emisión y custodia de los tokens.
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