Las obras públicas no solo representan activos físicos, sino también una herramienta para la cohesión territorial y la reducción de brechas regionales.
SANTO DOMINGO. – La infraestructura pública vuelve a ocupar un lugar prioritario en el Presupuesto General del Estado 2026, con una asignación de RD$73,881.7 millones al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), la institución responsable de ejecutar la mayor parte de las obras físicas del Estado dominicano.
Estos recursos están destinados a la construcción, rehabilitación y mantenimiento de carreteras, puentes, vías urbanas y otras obras clave para la movilidad y la integración territorial.
El monto asignado refleja la importancia estratégica de la infraestructura como soporte del crecimiento económico, la competitividad y el acceso a servicios básicos, inversiones con las que el Estado busca garantizar una red vial más eficiente, reducir costos logísticos y mejorar la seguridad del transporte en todo el territorio nacional.
Esta asignación permitirá desarrollar también infraestructura urbana, mantenimiento de carreteras y ejecución de obras estratégicas que inciden directamente en la calidad de vida de la población y en el funcionamiento de la economía nacional.
Las obras públicas no solo representan activos físicos, sino también una herramienta para la cohesión territorial y la reducción de brechas regionales, por su impacto, que se extiende más allá de la infraestructura misma, al estimular la actividad del sector construcción, fortalecer la demanda de insumos locales y generar empleo en distintas regiones del país.
En términos fiscales, el presupuesto prioriza obras con alto impacto económico y social, alineadas con los objetivos de desarrollo del Estado.
El presupuesto del MOPC también impacta de forma directa al sector construcción, uno de los principales generadores de empleo del país, y que experimentó un decrecimiento en 2025 entre -2.3% en el primer semestre y una caída estimada de alrededor de -1.2% en el total del año.
La planificación presupuestaria para 2026 permite además programar intervenciones de mediano y largo plazo, fundamentales para la sostenibilidad de la infraestructura pública.Este conjunto de recursos fue aprobado por el Congreso Nacional y remitido al Poder Ejecutivo para promulgación u observación.
La ejecución queda asegurada mediante el financiamiento autorizado, incluido un préstamo, que permite cubrir el déficit fiscal proyectado sin comprometer la sostenibilidad financiera del Estado, según los proponentes.
