Cuando se publique la ley sancionada y los anexos por proyecto se confirmará si la apuesta gubernamental se traducirá en carreteras, viviendas, infraestructura y empleo, o si quedará, por ahora, en el plano de las cifras globales y anuncios estratégicos.
SANTO DOMINGO. – El proyecto de Presupuesto General del Estado 2026 contempla RD$215,284.7 millones en inversión pública, equivalente al 2.5% del PIB, monto que el Poder Ejecutivo ha señalado como clave para impulsar conectividad, vivienda y servicios básicos.
No obstante, aún no se ha publicado el documento aprobado con el desglose por ministerio, programa o proyecto, por lo que no es posible precisar cuánto de esa inversión irá específicamente a obras públicas, carreteras, vivienda, infraestructura turística u otras áreas directamente vinculadas al sector construcción.
La información oficial disponible se limita a cifras agregadas. El Gobierno ha confirmado que el Presupuesto 2026 incluye RD$215,284.7 millones para inversión pública, pero no ha divulgado públicamente cómo se distribuyen esos recursos entre el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el Ministerio de la Vivienda (MIV/MIVED), el Ministerio de Turismo, gobiernos locales ni proyectos específicos de infraestructura vial, vivienda social o edificaciones públicas.
En los portales institucionales de Hacienda, DIGEPRES y Presidencia solo figuran comunicados generales, versiones explicativas del proyecto y datos macroeconómicos, pero el texto sancionado de la ley con sus anexos técnicos, que normalmente contiene la clasificación institucional y las fichas de proyectos, no estaba disponible todavía al cierre de esta edición.
Prioridades anunciadas por el Ejecutivo
A falta del detalle técnico, el Gobierno ha señalado de manera reiterada las líneas prioritarias de la inversión pública 2026:
- Conectividad y transporte, con énfasis en carreteras y redes que faciliten la movilidad, la logística y el acceso a polos productivos.
- Vivienda y hábitat, incluyendo programas de vivienda social y mejoramiento de asentamientos.
- Infraestructura para servicios básicos, especialmente agua potable y saneamiento.
- Infraestructura asociada al turismo, orientada a fortalecer destinos y accesos.
- Infraestructura social, vinculada a educación, salud y proyectos especiales de interés nacional.
Estas prioridades sugieren una orientación favorable al sector construcción, pero sin cifras oficiales desagregadas no es posible medir el peso real de cada una dentro del total de inversión anunciada.
En términos prácticos, el monto anunciado es una señal positiva, pero su efecto dependerá de la rapidez con que se publiquen los anexos y se inicie la ejecución.
Contexto del sector al cierre de 2025
El sector construcción llega al cierre de 2025 con un desempeño mixto: la actividad mostró fluctuaciones durante el año, con periodos de contracción interanual y señales de recuperación parcial.
La obra privada domina ampliamente el número de proyectos activos, mientras la obra pública representa una proporción menor del total de frentes de construcción.
El financiamiento para vivienda se mantiene activo, con volúmenes relevantes de crédito canalizados a construcción y adquisición de inmuebles.
Las instituciones públicas reportan ejecución administrativa y financiera, pero sin que ello se traduzca aún en un aumento visible y sostenido de grandes proyectos públicos.
En este contexto, la inversión pública anunciada para 2026 representa una oportunidad clave para dinamizar el sector, siempre que se materialice en proyectos concretos y con ejecución oportuna.
La publicación de la ley sancionada y de los anexos por proyecto será determinante para confirmar si la apuesta gubernamental se traducirá en carreteras, viviendas, infraestructura y empleo, o si quedará, por ahora, en el plano de las cifras globales y los anuncios estratégicos.
