La nueva terminal del Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), anunciada en agosto de 2025 con una inversión cercana a US$250 millones, debía mostrar durante 2026 un avance visible en su fase constructiva para cumplir con la meta de finalización en 2028. Sin embargo, varios meses después del llamado “primer picazo”, la obra principal aún no ha iniciado formalmente, una situación que llevó al Gobierno dominicano a presentar una queja diplomática ante la Embajada de Francia y a advertir posibles acciones judiciales contra Aerodom y su empresa matriz, Vinci Airports.
El proyecto forma parte de la renegociación del contrato de concesión aeroportuaria vigente hasta 2060, que compromete inversiones globales por unos US$2,155 millones. Como parte de ese acuerdo, Vinci adelantó al Estado dominicano un pago de US$775 millones, destinado a financiar obras estratégicas de infraestructura aeroportuaria en el país.
Contexto
En agosto de 2025, el presidente Luis Abinader y ejecutivos de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) encabezaron el acto de inicio de la nueva terminal del AILA. El proyecto contempla una terminal con capacidad para 4 millones de pasajeros anuales, una plataforma de 50,000 metros cuadrados, espacio para 13 aeronaves y alrededor de 900 nuevos parqueos, lo que la convertiría en la principal infraestructura aeroportuaria de Santo Domingo para las próximas décadas.
A diferencia de otras ampliaciones aeroportuarias realizadas en el país, este proyecto está directamente vinculado a los compromisos contractuales de una concesión internacional.
Lo que dicen los números
Según datos del Banco Central de la República Dominicana, en 2025 el sistema aeroportuario nacional movilizó cerca de 19.6 millones de pasajeros. De ese total, el AILA gestionó algo más de 5 millones de viajeros, manteniéndose como el segundo aeropuerto más importante del país, solo detrás del Aeropuerto Internacional de Punta Cana.
José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia, confirmó que el Gobierno presentó una queja formal ante la Embajada de Francia por el retraso en el inicio de las obras, señalando que “la ejecución no avanza conforme al cronograma pactado con Aerodom y Vinci Airports”, lo que marca un precedente inusual en la relación entre el Estado dominicano y un concesionario internacional.
Impacto directo en obras y proyectos
Desde el punto de vista técnico–constructivo, el estado actual del proyecto refleja una brecha entre lo planificado y lo ejecutado. En obras aeroportuarias de esta escala, los primeros 12 a 18 meses suelen concentrar entre el 20 % y el 30 % del presupuesto total en trabajos de movimiento de tierra, cimentación y estructuras iniciales, lo que en este caso equivaldría a entre US$50 millones y US$75 millones que aún no se traducen en edificaciones visibles.
Con base en la información pública disponible y en las observaciones del propio Gobierno, el balance de avances y retrasos de Vinci en el AILA puede resumirse así:
Avances reportados:
- Demolición de estructuras existentes en el área destinada a la nueva terminal, iniciada en junio de 2025.
- Estudios técnicos preliminares del terreno y adecuación básica de la zona.
- Intervenciones en parqueos, ampliación y reorganización de espacios de estacionamiento.
- Inversión declarada por la empresa de más de US$30 millones en trabajos de remodelación y adecuación del aeropuerto actual.
Retrasos señalados por las autoridades:
- Ausencia de estructuras en levantamiento en la zona de la nueva terminal.
- No inicio visible de obras de cimentación ni de edificación a gran escala.
- Falta de una fase constructiva claramente identificable meses después del acto de inicio.
- Desfase entre el cronograma contractual y la ejecución real del proyecto.
- Concentración de trabajos en áreas secundarias, mientras la obra principal permanece en fase preliminar.
Esta diferencia entre avances parciales y retrasos estructurales explica por qué el Gobierno ha elevado el tono del reclamo, pasando del plano técnico al plano diplomático y jurídico. Además, la construcción representó cerca del 13 % del PIB dominicano en 2025, según el Banco Central, por lo que un proyecto de esta magnitud impacta directamente la inversión inmobiliaria asociada a infraestructura estratégica y el comportamiento del mercado inmobiliario dominicano en el entorno metropolitano de Santo Domingo.
Posible lío judicial
La advertencia del presidente Luis Abinader de llevar el caso a los tribunales si Vinci Airports no cumple con el calendario pactado introduce una nueva dimensión en la gestión de proyectos bajo concesión internacional. Más allá del conflicto puntual, el episodio marca un precedente sobre la fiscalización de inversiones en infraestructura crítica. Si los retrasos persisten, el impacto no será solo contractual, sino económico, con posibles repercusiones en costos, financiamiento y planificación de futuras obras estratégicas.
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