Especialista asegura propuesta enviaría señales preocupantes a toda la comunidad internacional de inversores sobre la estabilidad del marco legal dominicano.
SANTO DOMINGO.-El anteproyecto de ley depositado la pasada semana ante la Cámara de Diputados para restringir la presencia haitiana en territorio dominicano, dispone que antes de vender algún inmueble o terreno a los haitianos, el Poder Ejecutivo tendría que revisar, depurar y autorizar la solicitud.
«Mientras se mantenga el grave estado de inestabilidad y violencia que afecta a la vecina República de Haití, los ciudadanos que provengan de ese país deberán solicitar la autorización del Poder Ejecutivo antes de comprar una infraestructura en territorio dominicano», plantea la propuesta.
El anteproyecto fue presentado por Pelegrín Castillo, presidente de la Fuerza Nacional Progresista y será asumido por los diputados Elías Wessin Chávez, del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), y Eugenio Cedeño, del Partido Revolucionario Moderno (PRM).
Durante el periodo enero-junio 2023 los haitianos ocuparon el primer lugar de extranjeros adquirientes de bienes inmuebles en la República Dominicana y cuyo 95% de los mismos no tenía estatus migratorio legal en el país.
Así lo informó el viceministro de Gestión Migratoria y Naturalización del Ministerio de Interior y Policía, Juan Manuel Rosario, quien dijo que los haitianos desplazaron de la primera posición a los estadounidenses en ser compradores de bienes inmuebles y rodaron a un tercer lugar a los canadienses.
“Un 95% de los adquirientes haitianos de bienes inmuebles en el período enero-junio no tiene un estatus migratorio en el país, porque está de tránsito y no es residente y carece de un estado de permanencia”, indicó al ser entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder.
“En el caso de los haitianos, que ocupaban en el período del 2020 al 2022 la quinta posición en el número de compradores, ahora ocupan la primera posición, en los primeros seis meses del año 2023, delegando una segunda posición a los de Estados Unidos y luego los de Canadá y así sucesivamente”, significó.
El anteproyecto
La propuesta de Pelegrín Castillo recomienda medidas para limitar, igualmente, el alquiler de casas a haitianos, restringirles empleos o condicionarles la compra de terrenos e inmuebles en el país.
Establece que cualquier extranjero pueda adquirir una propiedad en las provincias que se encuentran en la línea fronteriza del territorio dominicano, argumentando el segundo numeral del artículo 10, que limita la propiedad inmobiliaria en la zona divisoria para que esté sometido a requisitos legales específicos, los cuales privilegien la propiedad del interés de los dominicanos.
También, determina que los inmuebles del Estado en las provincias situadas en el la zona Oeste del país podrán ser explotados, mediante fideicomisos públicos, alianzas público-privadas, y otras formas, siempre con la participación mayoritaria de los dominicanos.
El artículo cuatro de la propuesta plantea obligar a los propietarios de vivienda a requerir los documentos de identidad y su estatus migratorio a los extranjeros antes de alquilar sus casas. Si los documentos son válidos, los propietarios deberán registrarlo en el contrato de renta y reportarlo a la Dirección General de Migración.
“Los extranjeros en situación migratoria regular que alojen a otros extranjeros ilegales perderán su condición migratoria y serán deportados”, dice el artículo, que también mandaría a la Dirección General de Migración a llevar el control de los haitianos que viven alquilados.
Asimismo, que cada año, el gobierno le informará al Congreso Nacional sobre las solicitudes y las autorizaciones vigentes.
Empleos
En cuanto a los empleos, la propuesta persigue que determinados trabajos se reserven exclusivamente para los dominicanos, entre ellos los de guardianes de edificios, cargos de seguridad, guías turísticos, jardineros, conductores o auxiliares de vehículos y puestos en el gobierno central y las alcaldías.
Limitaría inversión extranjera
Para la abogada Reyna Echenique el anteproyecto presentado plantea medidas restrictivas significativas. “Entre estas, destaca el requerimiento de autorización previa del Poder Ejecutivo para la venta de inmuebles a ciudadanos haitianos y la obligación de verificar el estatus migratorio para alquileres, medidas que podrían tener consecuencias graves para el clima de inversión extranjera en República Dominicana”, planteó ayer la especialista en su artículo de cada domingo en El Inmobiliario.
Señaló que no solo afectaría a un grupo específico de inversionistas, sino que enviaría señales preocupantes a toda la comunidad internacional de inversores sobre la estabilidad de nuestro marco legal.
