Por Yermys Peña
Durante años, hablar de inversión sostenible ha sido un ejercicio ambiguo. Cada país, cada banco, cada empresa —incluso cada desarrollador— definía por cuenta propia qué consideraba “verde”. ¿El resultado? Proyectos con etiquetas ambientales sin sustento técnico, sin trazabilidad, y sin garantías reales de impacto.
Frente a ese vacío conceptual, nace una herramienta clave: la Taxonomía Verde. Se trata de un sistema de clasificación que, según la International Finance Corporation (IFC), “define qué actividades económicas pueden considerarse ambientalmente sostenibles, con base en criterios científicos, técnicos y financieros”.
En 2023, la República Dominicana lanzó oficialmente su propia Taxonomía Verde, como parte de su compromiso con los estándares internacionales de financiamiento climático y desarrollo sostenible. Hoy, se encuentra en fase de implementación gradual, enfocándose en sectores estratégicos como energía, agua, transporte y —muy especialmente— construcción.
Este marco no es decorativo: es vinculante. Y está comenzando a influir directamente en el acceso a financiamiento, beneficios fiscales, certificaciones y evaluación de riesgo por parte de bancos e inversionistas.
¿Qué implica para la industria de la construcción?
La Taxonomía Verde Dominicana introduce criterios técnicos claros para calificar un proyecto como sostenible. En el caso del sector construcción, esto se traduce en demostrar con datos:
- Eficiencia energética medible (kWh/m² por tipología)
- Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero
- Uso de materiales trazables y de bajo impacto ambiental
- Gestión responsable del agua y los residuos
- Ubicación estratégica que minimice la dependencia del transporte individual
- Aplicación de estándares internacionales como LEED, EDGE u otros equivalentes
En otras palabras: la sostenibilidad ya no es una intención. Es una obligación técnica y medible.
Un nuevo filtro para el financiamiento
La implementación de esta herramienta redefine el acceso al capital. Con la taxonomía activa, los bancos y fondos podrán canalizar recursos únicamente a proyectos que cumplan con indicadores validados de sostenibilidad. Los desarrollos que no puedan demostrar su impacto quedarán fuera del radar de la inversión responsable.
En contraste, aquellos que ya operan bajo estándares técnicos sólidos —como muchos de los nuestros— estarán en posición prioritaria para captar capital, atraer aliados y obtener respaldo institucional.
La Taxonomía Verde Dominicana no es un documento simbólico. Es una plataforma de orden sectorial. Su aplicación será progresiva, pero inevitable. Y exigirá una transformación en la forma de trabajar de todos los actores del ecosistema: banca, Estado, desarrolladores, técnicos y asesores.
Desde mi rol como arquitecta especializada en sostenibilidad —y como parte de los equipos que colaboraron en la construcción de este marco— puedo afirmar con certeza: la taxonomía viene a elevar el estándar. Y a protegernos de lo superficial.
Nos enfrentamos a un nuevo lenguaje común, a métricas que importan, y a un futuro donde lo verde no se dice: se demuestra.
La autora es arquitecta y empresaria de la construccion. Miembro del Forbes Business Council.
