SANTO DOMINGO.- Será este jueves a las 7:00 P.M., cuando el juez Rigoberto Sena de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional decida la medida de coerción que impondrá a los 7 implicados en la que el Ministerio Público denominó «Operación Nido», a través de cuya acción se desmanteló una presunta red de estafadores inmobiliarios, que habrían timado con más de RD$700 millones a más de 300 personas, que tenían la intención de adquirir una vivienda.
Mientras el Ministerio Público varió su solicitud de medida de coerción para tres de los imputados, a fin de que se les imponga arresto domiciliario y no prisión preventiva en una cárcel, por diversas razones para cada uno: la esposa de Rivera Ledesma, Escarlet Mercedes Cruz, por estar lactando, su hija, María Gabriela Rivera (porque era menor cuando ocurrieron los hechos), y a Reilin Arismendi Rosario, por cooperar con el órgano acusador.
En la larga jornada de ayer fueron escuchados el Ministerio Público, las víctimas y los presuntos estafadores, además de los argumentos de los abogados defensores de estos últimos.
«Se completó el proceso y el juez se ha retirado a ponderar los elementos de pruebas presentados», expresó el abogado Robinson Rosario, defensor de Reilin Arismendy Rosario, presunto vinculado a la red de estafadores.
Consideró que lo más importante ha sido lo expuesto por su defendido, el imputado Rosario, quien reconoció su culpabilidad y vincula de manera directa como único responsable de las estafas a Emmanuel Rivera, señalado como el cabecilla en la Operación Nido.
Rosario dijo al juez que la Ruth Towers, de 14 apartamentos había sido vendida 31 veces, a igual cantidad de víctimas.
Los imputados en la estafa, junto a Rivera Ledesma, son Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, María Gabriela Rivera Pichardo, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, Reilin Arismendy Rosario García, Mirna Catalina Rivera Ledesma, y Juan Omar Rosario López. Asimismo, las personas jurídicas Inmobiliaria & Diseños Arquitectónicos (Indisarq) y CRD Equipos Pesados, SRL, RNC.
Una falla técnica en la sala de audiencias donde se le conoció la medida de coerción a los imputados provocó que todo el debate iniciado el pasado martes no quedara grabado, por lo que la audiencia tuvo que reiniciarse completa alrededor de la 1:30 de la tarde.
Solicitud del MP
Además del arrestado domiciliario para tres personas, el Ministerio Público pide 18 meses de prisión preventiva y declaratoria de caso complejo contra los cuatro restantes.
«Utilizaron abogados y contables, quienes, a pesar de ser sujetos obligados, entraron al esquema fraudulento para darle al entramado apariencia de legalidad y estabilidad financiera, así como también asesorar para encubrir sus maniobras fraudulentas», dice el documento oficial del órgano acusador.
Indica que los encartados movilizaron cantidades millonarias de dinero a través de cuentas particulares, sin ningún tipo de justificación ni soporte financiero. Dice que el «líder de la organización criminal -Emmanuel Rivera- amenazaba, insultaba e intimidaba a las víctimas, ante quienes presumía de sus supuestos contactos dentro y fuera del sector justicia, asegura el MP.
La acusación directa es de estafa, falsificación, asociación de malhechores y lavado de activos e intentar agredir imputados en la sede judicial
Un grupo de víctimas de la estafa intentaron ayer nuevamente golpear a los imputados mientras eran sacados por agentes policiales del tribunal de audiencias del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Las víctimas, a quienes le adeudan millones de pesos, vociferon el martes frases impublicables a los encartados, muchos de los cuales tapaban sus rostros con paños y manos para no ser captados por las cámaras de los medios de comunicación en la salida apresurada de la sede judicial
Intención de devolver el dinero
Aunque algunos abogados aseguran que los imputados no tienen los recursos para pagar a los querellantes, el abogado de Rivera, Félix Porte, afirmó que su defendido ha tenido la intención de devolver el dinero desde octubre.
Explicó que entre el 6 de octubre y el 7 de diciembre del 2023, Rivera realizó pagos a algunos de los compradores. Sin embargo, el proceso de devolución se ha retrasado debido a la cantidad de personas involucradas.
«Desde que yo soy abogado de él, él tiene prohibido contactar a los compradores o a los adquirentes, tiene prohibido dar declaraciones a la prensa, porque entiendo yo que antes de yo ser el abogado se manejó mal, porque obviamente ante una situación, un reclamo, él debió sensibilizarse con los compradores y obviamente no reaccionar de una forma bruta como lo hizo y obviamente eso ha quedado subsanado porque eso no lo ha hecho más», precisó Porte.
Con información de Diario Libre.
