Representantes del sector empresarial y comercial chino en la República Dominicana solicitaron acompañamiento de las autoridades para superar “cualquier escollo” en procesos de adecuación normativa, tras reafirmar su compromiso con la transparencia, en un contexto donde el país registró US$4,512.0 millones de inversión extranjera directa (IED) en 2024, de acuerdo con el Banco Central.
Jessica Peng, representante del sector comercial chino, sostuvo que “la inmensa mayoría” de las empresas de ese origen opera bajo cumplimiento de las normativas legales, fiscales y laborales vigentes en el país, y planteó que los casos puntuales que aún estén en proceso de actualización puedan subsanarse “de manera amigable”, como parte de una agenda de regularización que impacta directamente la formalidad empresarial y la estabilidad del mercado inmobiliario dominicano.
“Nuestra misión en la República Dominicana siempre ha sido trabajar de manera honrada y contribuir, a través de nuestra inversión, al desarrollo de la economía nacional”, afirmó Peng, al señalar que el sector está dispuesto a sentarse en una mesa de diálogo con el Gobierno y las instituciones correspondientes para regularizar cualquier situación “de forma armónica y transparente”, en el marco de procesos que suelen incidir en licencias, registros y operación de negocios vinculados a inmuebles comerciales.
Contexto
El planteamiento ocurre mientras el país refuerza la conversación sobre seguridad jurídica y reglas claras para el capital extranjero, un tema recurrente para la atracción de inversión vinculada a proyectos inmobiliarios, comercio y logística, como ha abordado El Inmobiliario en La seguridad jurídica atrae capital inmobiliario y posiciona a RD como destino regional.
En términos macro, ProDominicana reportó que los flujos de IED en 2024 se situaron en torno a US$4,523.2 millones, en un entorno de competencia regional por captar capital productivo, lo que eleva el peso de la formalidad normativa en decisiones de expansión y permanencia de inversionistas.
Lo que dicen los números
El representante legal de los inversionistas extranjeros, Ramón Peralta, afirmó que la operatividad del sector se sustenta en el marco jurídico vigente —incluyendo el Código Tributario y la Ley General de Aduanas— y pidió mantener canales abiertos que fortalezcan la seguridad jurídica y el clima de negocios. En esa línea, el Código Tributario (Ley 11-92) establece las disposiciones generales aplicables a los tributos internos nacionales, base técnica del cumplimiento fiscal señalado por el sector.
De la ley al concreto
Peralta planteó que la legalidad de procesos fiscales y aduaneros es clave para sostener operaciones que, además del comercio, terminan conectándose con demanda de locales, naves y almacenes (rentas, adecuaciones, permisos y uso de suelo), un circuito donde la inversión inmobiliaria suele depender de financiamiento y de trazabilidad documental para contratos y registros.
En el frente financiero, la Superintendencia de Bancos informó que el sistema financiero cerró diciembre de 2025 con activos por RD$4.15 billones y una cartera de créditos de RD$2.39 billones, cifras que ayudan a dimensionar el canal de financiamiento que toca tanto a desarrolladores como a empresas que ocupan o adquieren espacios comerciales.
Aportes sociales y señal reputacional
Además del componente regulatorio, el sector indicó que, “en lo que va de año” (2026), su fundación canalizó aportes y donaciones que superan RD$50 millones, destinados a instituciones como la Cruz Roja Dominicana, la Defensa Civil y el Cuerpo de Bomberos, así como a casas de acogida para envejecientes, orfanatos y programas de asistencia, una línea de acción que busca reforzar reputación y continuidad operativa en un entorno de fiscalización.
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