SANTO DOMINGO.– Los hermanos Antonio y Maribel Espaillat salieron en libertad la tarde de este viernes 20 de junio, tras las autoridades ejecutar la orden impuesta por la jueza Fátima Veloz, quien la madrugada de ayer jueves impuso como medida de coerción el pago de RD$ 50 millones, como garantía económica e impedimento de salida, contra ambos, a quienes el Ministerio Público aimputa homicidio involuntario, atribuyéndoles negligencias que derivaron en el desplome del techo, que el 8 de abril del presente año dejó un saldo de 236 fallecidos y más de 180 heridos.
El dictamen del tribunal impuso, igualmente presentación periódica para los empresarios, mientras el caso fue declarado como complejo.
La decisión del tribunal fue emitida en la sala de audiencias del Primer Tribunal Colegiado del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, Distrito Nacional. En la audiencia estaban presentes abogados de unos 80 afectados en calidad de querellantes.
Los hermanos Espaillat se encontraban en la carcelita ubicada en la cuarta planta del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, a la espera de que su abogado, Miguel Valerio, concluyera el proceso de pago del porcentaje correspondiente de la garantía económica mediante un contrato con una empresa aseguradora.
Fueron arrestados por la Procuraduría General de la República (PGR), luego de presentarse, el pasado jueves 12 del presente mes de junio, a la Dirección de Persecución del Ministerio Público para ser interrogado en torno a los hechos acontecidos en la discoteca Jet Set, establecimiento propiedad de ambos hermanos.
Espaillat se presentó alrededor de las 2:00 de la tarde ante la Dirección de Persecución para ser interrogado por el director de ese organismo, Wilson Camacho, junto a Maribel.
Apelarán dictamen
El Ministerio Público declaró tras el dictamen de la jueza, que apelará las medidas de coerción impuestas a los imputados. El titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, calificó “como una burla a las víctimas” la decisión de la jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, quien favoreció a los imputados con una garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país.
“Creemos que el tribunal no valoró correctamente la magnitud del daño que han traído para la sociedad dominicana los hechos; pero, sobre todo, el daño que significa para 235 personas que murieron, más de 180 personas que resultaron heridas y más de 130 niños que quedaron huérfanos como consecuencia de esta conducta y como consecuencia del comportamiento de Antonio y Maribel Espaillat que pusieron sobre el interés de las personas que ahí estaban, las que acudían normalmente a esa discoteca, su interés económico”, agregó.
