SANTO DOMINGO.- “Somos de opinión que el sistema de alquileres que se plantea en la iniciativa propuesta, deviene en un protocolo burocrático que pudiera afectar el sector productivo y perjudicar la inversión”, observó la Fundación Institucionalidad y Justicia al proyecto de la Ley General de Alquileres de Bienes Inmuebles y Desahucios, aprobado el pasado 24 de mayo en primera lectura por la Cámara de Diputados.
La institución plantea que el régimen de alquileres relativo a otros usos, tales como actividades locales, industriales y alquileres de corta estadía, debería estar solo basado en el derecho civil y al principio de libre voluntad de las partes.
“Sugerimos definir el alcance del término “vivienda” conforme los preceptos constitucionales para evitar interpretaciones y confusiones en la aplicación de la ley, entendiéndose como tal el lugar principal de morada fija usada para la convivencia y residencia familiar o personal”, dice la “Matriz de estudio”, elaborada por la entidad.
Finjus considera que la obligación de notificar seis meses previos a la terminación del contrato es un plazo muy extenso, por lo que recomienda otorgar al propietario la posibilidad de rescindir de manera anticipada el contrato, si se ha producido incumplimiento del inquilino.
Propone que el proyecto debe denominarse “Ley general de alquileres de bienes inmuebles destinados a vivienda familiar”.
“El término “debe tolerar las molestias” de las reparaciones a cargo del propietario es muy amplio y puede traer consecuencias negativas para el inquilino si el propietario abusa de esta disposición”, sostiene.
“Si el caso fortuito es imputable a negligencias del inquilino como un incendio estos deben de asumir la responsabilidad de reparación del deterioro”, subraya.
Considera la institución, que en los casos de contratos verbales no se podrá cumplir con las formalidades de registro y depósitos requeridos por el presente proyecto.
En el artículo cuatro sugiere sustituir la palabra “destino” por “propósito” ya que la misma se presta a confusión cuando se lee el artículo.
“Sugerimos sustituir el término “encargado” por “representante” ya que en la práctica y de forma común se le llama encargado a personas que llevan tareas específicas en la conversación y mantenimiento del inmueble o vivienda, no así a un apoderado y representante del propietario”.
Acerca del párrafo contenido en la ley de que “iguales derechos posee la persona que ha mantenido una relación marital de hecho o convivido maritalmente con el inquilino”, Finjus aclara que de conformidad con la jurisprudencia y la constitución la relación marital exige ciertas formalidades para que puedan ser oponibles a terceros.
