La AEI pasó de tener 55 empresas en el 2020, a afiliar 230 compañías en la actualidad, impactando entre 3,500 y 3,800 agentes inmobiliarios.
SANTO DOMINGO.- Los casos por alegadas irregularidades en el sector inmobiliario dominicano han ocupado la agenda nacional en los últimos tiempos y cuyos montos envueltos por alegadas estafas son cada vez mayores, mientras las políticas gubernamentales frente al crecimiento del mercado de los bienes raíces en la República Dominicana, duerme el sueño eterno.
El sector construcción representa uno de los mercados más dinámicos del país y de mayor aporte al Producto Interno Bruto (PIB), registrando en los últimos tres años un significativo crecimiento en la producción de proyectos inmobiliarios, en toda la geografía nacional.
A lo anterior se suma el crecimiento del turismo que el pasado año alcanzó más de 11 millones de visitantes al país, lo que ha generado igualmente, el levantamiento de complejos hoteleros, edificios destinados a renta corta, villas, entre variadas edificaciones y amenidades; sumado a la llegada de grandes capitales extranjeros motivados por la estabilidad económica y política que presenta la República Dominicana.
Ante ese panorama el sector inmobiliario ha experimentado un extraordinario crecimiento como lo atestiguan los números de la Asociación de Agentes y Empresas Inmobiliarias (AEI). En el año 2020 la organización apenas tenía afiliadas 55 empresas, subiendo en la actualidad a 230 compañías inscritas, las cuales abarcan entre 3,500 y 3,800 corredores.
En el caso de los agentes inmobiliarios miembros independientes hace 5 años apenas formaban parte de la Asociación 245, cifra que hoy día ha aumentado a 1,385.
Entrar no es problema
El sector inmobiliario representa uno de los renglones donde mayor facilidad existe para entrar, debido a la inexistencia de instrumentos que regularicen su acceso. Una de las principales preocupaciones de sus líderes y dirigentes sigue siendo la falta de formación y la abundancia de “agentes inmobiliarios”, sin la mínima preparación, que se lanzan al ruedo inmobiliario teniendo como única base el deseo de superación, algunos seducidos por las altas comisiones que implican la venta de inmuebles.
Esta situación coloca este rubro frente a una alta vulnerabilidad, ante empresarios, agentes e inversionistas, al ser un espacio donde existen cantidad de «enganchados», que improvisan empresas para dedicarse al oficio y de la noche a la mañana aparecen desarrollarando proyectos de construcción y vendiendo inmuebles sin contar con la debida preparación, a sabiendas de que para los seres humanos comprar una vivienda representa el sueño más anhelado y sagrado.
El rol del gobierno
Ante el estallido del caso IndisArq, revelado a través de Nuria Investigación en octubre del año 2023 sobre incumplimiento e irregularidades en proyectos de viviendas , la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, anunció la conformación de una mesa técnica para enfrentar los casos de estafa inmobiliaria.
Dijo que por instrucción del presidente Luis Abinader, el gobierno dominicano no permitiría la ocurrencia de estos actos delictivos. “Nosotros no vamos a seguir permitiendo este tipo de fechorías”, resaltó la vicemandataria, cuyas declaraciones se quedaron en el olvido.
Acelerar leyes y aumentar castigo
Desde hace más de 20 años la AEI y sus representantes han hecho diversos intentos por lograr la aprobación de una ley que regule el ejercicio inmobiliario en el país, con intentos fallidos.
Actualmente cursa una versión para regular la intermediación inmobiliaria, que según la Comisión Especial que la estudió el pasado año, la pieza está apta para ser conocida según el informe favorable rendido; se espera que sea conocida en la legislatura que inicia el próximo 27 de febrero.
“La comisión rindió su informe positivo al proyecto de ley en cuestión la primera semana de diciembre. Ya queda en manos de la comisión coordinadora colocarlo en la orden del día”, declaró en diciembre pasado el diputado Braulio Espinal, quien presidió la comisión.
Añadido a la falta de una ley que regule los agentes, está la debilidad en la legislación existente para los castigos de estafa. El Código Penal actual de la República Dominicana establece en su artículo 405 una pena de seis meses a dos años de prisión correccional, para la estafa y multa de veinte a doscientos pesos.
Nuevas leyes prometen
El artículo 55 de la ley que regularía la Intermediación Inmobiliaria en el país y que es objeto de estudio actualmente en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, plantea que los delitos inmobiliarios que posean «circunstancias agravantes», serán castigados con hasta 10 años de prisión y hasta 100 salarios mínimos tomando como referencia lo que se paga en el sector público.
Asimismo el proyecto de ley sobre persecución y judicialización de las organizaciones criminales que depositó el pasado diciembre ante el Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo, establece en la sección VI «de los delitos de estafa masiva« dice que incurre en el delito de estafa masiva, quienes, valiéndose de nombres y calidades supuestas o empleando manejos fraudulentos, por acción u omisión, con ánimo de lucro, utilice engaño o maniobra fraudulenta para atraer activos de una pluralidad de personas, con la promesa de suministrarle un beneficio pecuniario».
La ley cuyo objeto, dice, es establecer reglas efectivas para la detección, persecución, judicialización y sanción de los hechos de criminalidad organizada tipificados en la misma, plantea que los culpables de estafas masivas serán sancionados con penas de 3 a 10 años de prisión y una multa de cien a 3 mil salarios mínimos.
Gremios en acción
En abril del pasado año la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (ACOPROVI) firmó un convenio con cinco de las principales entidades del sector construcción e inmobiliario del país, con el objeto de robustecer la industria y brindar más seguridad a los compradores e inversionistas.
El objetivo fue promover prácticas de excelencia en el sector de la construcción e inmobiliario, como la emisión de informaciones, parámetros, mandamientos legales y acciones de educación para evitar estafas inmobiliarias.
Las organizaciones involucradas dijeron que en lo adelante informarán y guiarán de manera conjunta sobre este particular, de manera que los dominicanos tengan una fuente confiable de información para evaluar y elegir a sus proveedores de soluciones inmobiliarias,
Firmaron, además, la Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibao (APROCOVICI), la Asociación de Agentes y Empresas Inmobiliarias (AEI), Asociación de Constructores y Desarrolladores de La Altagracia (ADECLA), Asociación Dominicana de Rentas Cortas (ADORECO) y la Cámara Dominicana de la Construcción (CADOCON).
Los casos siguen aumentando
En enero del pasado año el Ministerio Público puso en marcha la “Operación Nido”, cuya investigación reveló que las empresas INDISARQ, CRD Equipos Pesados, Grupo Wirmar, y Auto Xpers AFM, fueron creadas por una red para ejecutar un esquema fraudulento en perjuicio de más de 300 víctimas.
Según el documento de prensa de la Procuraduría General de la República, los proyectos inmobiliarios que ofrecía la red, estaban ubicados en Santo Domingo Este. Por el caso el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, dictó 18 meses de prisión preventiva contra el principal implicado en la alegada red, Emmanuel Rivera Ledesma, medida que cumple en el Centro Correccional y de Rehabilitación (CCR) Najayo-Hombres. Los implicados habrían engañado a más de 300 personas con un monto, que según el expediente del órgano acusador, sobrepasa los RD$700 millones.
US18 millones en propiedades a precios muy por debajo del mercado
El 7 de febrero el Ministerio Público puso en marcha la operación “Guepardo”, sacando a la luz pública un nuevo escándalo de estafa inmobiliaria, cuyo expediente de solicitud de medida de coerción coloca en más de US18 millones la cifra, que envuelve el alegado fraude que habría afectado a más de 120 personas, a través de la firma Novasco Real Estate SRL.
Cuatro personas a quienes se les imputan los hechos han sido arrestadas: Loany Lismeiry Ortiz Nova, Marisol Nova Nolasco, Rocío del Alba Rodríguez de Moya e Yves Alexandre Giroux, para quienes el Ministerio Público ha pedido 18 meses de prisión preventiva. La audiencia de conocimiento de medida de coerción se conocerá mañana martes 18 en La Romana.
