El ambientalista recordó, en declaraciones para El Inmobiliario, que ningún segmento de las costas del territorio nacional puede ser privatizado, solo a partir de 60 metros tierra adentro.
SANTO DOMINGO. – El anuncio oficial de la existencia de una “playa privada” en el recién inaugurado Santo Domingo Bay Convention Resort & Casino, contraviene de manera directa la Constitución y la Ley 6400, que garantizan el carácter público e inalienable de las playas en la República Dominicana, según declaró el ambientalista Domingo Abreu.
“El uso de las playas por el público está claramente establecido tanto en la Constitución como en la Ley 6400, así que no existe posibilidad legal de prohibir el acceso público a ningún segmento de la playa de Boca Chica”, afirmó Abreu, recordando que la normativa protege desde la orilla hasta 60 metros tierra adentro.
El especialista subrayó que playas como Boca Chica, Andrés y La Caleta han sido históricamente espacios de uso común y referentes de recreación popular para los capitaleños.
Y planteó a los hoteleros un modelo de negocio en el que los turistas convivan y compartan con las comunidades, como una forma de enriquecer su experiencia. “Más que promover exclusividad, los hoteles deberían organizar programas de acercamiento entre turistas y locales. Eso sería más conveniente que decirles que su playa es privada”, agregó.
La declaración de Abreu surge tras la inauguración oficial del complejo hotelero, encabezada por el presidente Luis Abinader, el ministro de Turismo, David Collado y la familia Hidalgo, de la cadena hotelera Globalia, donde se destacó la inversión de más de 48 millones de dólares y se anunció de manera oficial la existencia de una playa privada, como parte de sus atractivos.
El ambientalista insistió en que la verdadera apuesta del turismo dominicano debe ser la integración cultural y social: “Lo mejor que pueden hacer los nuevos propietarios es preparar un programa de acercamiento entre extranjeros y dominicanos, para que se conozcan entre sí. Esa medida sería más simpática y enriquecedora para los visitantes que cualquier exclusividad”.
La Constitución dominicana, en su artículo 15, establece que las playas son bienes públicos de libre acceso y uso común. Por tanto, la promoción de un espacio costero como “privado” contraviene directamente el marco legal y los principios de soberanía sobre el litoral y envía el mensaje de que el Estado privilegia la exclusividad empresarial por encima del derecho ciudadano establecido en la Constitución.
Diversos sectores sociales y ambientales han advertido durante mucho tiempo que la privatización de playas erosiona el acceso comunitario, limita la recreación popular y vulnera la identidad cultural de los balnearios tradicionales.
Boca Chica, que históricamente ha sido reconocida como la playa pública de referencia para los capitaleños, con este anuncio oficial corre el riesgo de convertirse en un enclave restringido bajo la lógica del “nuevo lujo caribeño” que promueve el resort.
La reapertura del hotel, inaugurado originalmente en 1950 y ahora operado por Globalia, se presenta como un ícono de modernidad y glamour. Pero la polémica sobre la playa privada coloca al proyecto en el centro de un cuestionamiento mayor: ¿puede el turismo dominicano crecer sobre la base de la exclusión de sus propios ciudadanos del acceso al mar?
