SANTO DOMINGO- El empresario inmobiliario Luis Beltré denunció ayer una supuesta estafa millonaria por parte de un socio, con quien asegura, firmó un acuerdo de buena fe para desarrollar un proyecto de 40 apartamentos del residencial Coco Beach, en Bávaro, provincia La Altagracia.
La alegada irregularidad que atribuye al ingeniero civil Ángel Carlos Schiffino Peralta, cuyo monto asciende según dijo, a más de RD$142 millones 801 mil 200, ha provocado que más de 16 familias, en su mayoría dominicanos pensionados y militares activos de Estados Unidos hayan sido desalojados de forma arbitraria, expuso Beltré en rueda de prensa realizada en la explanada de la Procuraduría General de la República (PGR).
El denunciante alega que de los 40 apartamentos, la mitad eran de su propiedad, asegurando haber vendido 14 por la vía legal. Sin embargo, expresa que sus compradores fueron posteriormente desalojados por Schiffino, sin orden judicial, en lo que describe como una “operación dantesca”.
“La forma en que fueron expulsados fue brutal, violando toda norma jurídica y de decencia. Fue como si no tuvieran derechos, como si sus inversiones no valieran nada”, denunció el abogado, quien ayer visitó el Ministerio Público para solicitar la agilización de una querella interpuesta ante la fiscalía del Distrito Nacional y que según declaró a los medios de comunicación, lleva más de cinco meses sin avances.
De su lado, Blas Abreu, abogado de los afectados, explicó que estos inversionistas de la diáspora adquirieron las propiedades “de buena fe”, confiando en la legalidad del proyecto inmobiliario y amparados en títulos aparentemente válidos. “Muchos compraron con abogados, investigaron, validaron los documentos. Todo parecía estar en regla. Incluso, el señor Luis Beltré estaba acreditado con el 50% del proyecto, es decir, 20 unidades. Y esas 20 fueron las que vendió de forma legítima”, señaló.
Según explicó Abreu, el 50% de las personas afectadas reside actualmente en la República Dominicana, la mayoría ya retirada tras años de servicio en las Fuerzas Armadas de EE.UU, mientras que la otra mitad permanece activa. “Son familias que decidieron venir a vivir su retiro en tranquilidad, en un espacio que representaba el fruto de décadas de esfuerzo”, afirmó.
Los afectados aseguran que no han recibido respuesta de las autoridades competentes, a pesar de la gravedad de la situación. “Desde que ocurrió el desalojo han pasado seis meses. Nadie nos ha escuchado. No hemos tenido ninguna respuesta ni protección del Estado”, manifestaron.
Algunos compradores, que solicitaron el anonimato por temor a represalias, relataron que durante el conflicto “surgió la figura de una intermediaria”, quien presuntamente los intimidó asegurándoles que el grupo contrario cuenta con apoyo de “las más altas instancias de poder del país”.
En su denuncia, Beltré aseguró que esta situación representa un duro golpe a la seguridad jurídica de República Dominicana, sobre todo porque las víctimas son inversionistas que apostaron por el país como destino de vida. “Esto no solo me afecta a mí, sino a decenas de dominicanos y dominicanas que trabajaron toda su vida en el extranjero y quisieron retirarse aquí. ¿Qué mensaje les estamos enviando?”, cuestionó.
Finalmente, Abreu hizo un llamado a la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, para que se ordene una investigación seria e imparcial del caso. “No pedimos favores ni privilegios, solo justicia y verdad. Que se respete el derecho de quienes compraron con fe y confianza”, concluyó.
