SANTO DOMINGO.- La Confederación Dominicana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción Inc., (Copymecon), propuso en las vistas públicas celebradas ayer en el Congreso Nacional, que las exenciones fiscales para las MiPymes constructoras y sectores emprendedores se les ofrezca dos años de gracia para entrar en el régimen de formalidad y no como plantea el proyecto de modernización fiscal presentado por el Poder Ejecutivo.
Puntualizó que el propyecto establece que las pequeñas y medianas empresas paguen en base al 40 % y 60 % de los ingresos del período, respectivamente.
Eliseo Cristopher, presidente de las MiPymes constructoras, sugirió, igualmente que la reforma fiscal se haga mediante un pacto fiscal, donde estén inmersos todos los sectores sociales y productivos de la nación.
Argumentó que dicha propuesta se hace tomando en consideración la vulnerabilidad y desarrollo de las MiPymes, un sector que incide en el desarrollo y la estabilidad de las economías locales y forman parte de la mayoría del tejido económico y empresarial en el país.
“Debido a que el tejido empresarial del país está compuesto mayormente por MiPymes, más acentuado en el sector construcción y, contemplando los niveles de informalidad existente, razones por las que, en su mayoría no pueden enfrentar la carga tributaria debido a su alto nivel de vulnerabilidad económica”, expuso.
Expresó que el sector construcción debe tener un tratamiento preferencial en el ámbito de las viviendas económicas, dado que existe un gran déficit habitacional y por el impacto económico y social que estas construcciones generan. “Por lo que, de igual manera proponemos un régimen especializado para las construcciones desarrolladas por las MiPymes, tal como se apuntó anteriormente”.
Desbalance
Eliseo Cristopher. (Fuente externa).
Cristopher dijo que desde sus inicios, Copymecon ha abogado por un sistema tributario más eficiente, por lo que entiende que la razón principal para una reforma fiscal es el desbalance existente entre los gastos y los ingresos del gobierno.
En ese sentido, consideró que la reforma fiscal debe ser integral, donde se aborden todos los temas del sistema tributario del país, en la que se enfrente la problemática de la evasión y educción fiscal, ya que, actualmente la evasión del impuesto sobre la renta y del ITBIS superan el 45% y otros agentes eluden el pago de impuesto.
“Esta además de ser integral, debe ser progresiva, ósea que el que más gane sea el que más pague, o sea en proporción y que la carga fiscal no dependa tanto de los impuestos indirectos, ya que, estos por su naturaleza son regresivos o contraproducentes”.
Opinó que el presupuesto de la República Dominicana, está mayormente dedicado a remuneraciones y contribuciones, pago de la deuda pública y sacrificio o gasto fiscal, por lo que del presupuesto nacional queda muy poco para el gasto de capital o infraestructura.
“Nuestra propuesta es una revisión del gasto corriente, por ejemplo, al ver las funciones de las estructuras organizativas del Estado, observamos que existen instituciones con funciones muy similares, lo que crea súper posición y traslape o dualidad de funciones, por lo tanto, falta de coordinación y desperdicio de recursos. Igualmente se ha observado que en muchas instituciones la mayor parte del presupuesto es usado como gasto corriente o en nóminas”, afirmó.
Revisión leyes
Copymecon entiende que es perentorio que el país se aboque a una revisión seria de todas las leyes de incentivos fiscales, que por mucho tiempo han favorecido a diversos sectores de la economía nacional, lo que limita ampliamente los ingresos del Gobierno. “Aunque algunas exenciones son necesarias otras han tenido resultados contraproducentes, por lo que, muchas de esas exenciones deben ser revisadas y focalizadas pero nunca generalizadas”, subrayó.
Inversión extranjera
Copymecon considera que la República Dominicana ha fomentado un entorno altamente receptivo a las inversiones internacionales, adoptando políticas para reducir al mínimo los trámites burocráticos y ofreciéndoles importantes incentivos fiscales así como asistencia gratuita.
“En ese sentido, entendemos que el país deber crear y fortalecer la confianza y credibilidad, garantizar el estado de derecho, las garantías jurídicas y la apertura para que esos capitales frescos de inversionistas extranjeros continúen fluyendo y llegando al país, generando crecimiento y bienestar en la nación”, opinó.
Enfatizó que la Constitución Dominicana otorga los mismos derechos a los inversores extranjeros que a los nacionales y les exige los mismos deberes y la Ley 16-95, sobre Inversión Extranjera, promulgada el 20 de noviembre de 1995, reconoce expresamente que la inversión extranjera contribuye al crecimiento económico y desarrollo del país.
“Este comportamiento favorable de la inversión extranjera aporta de manera positiva a los ingresos por divisas en la República Dominicana, representando un 11.57 % de un total de USD 11,069.3 millones percibidos por este concepto durante enero-marzo 2024”.
