SANTO DOMINGO.- Un grupo de contratistas agrupados en el Comité Institucional Codiano (CIC), llamaron ayer a una concentración al mediodía de este lunes 12 de enero, frente a la Cámara de Diputados, donde se conocerá el proyecto de ley que autoriza el pago de deudas viejas a más de 300 empresarios de la construcción y que datan de hace alrededor de 30 años.
El Senado de la República declaró de urgencia y aprobó en dos lecturas consecutivas el pasado sábado 10 de enero del presente año, el proyecto de ley de reconocimiento y autorización de pago de deuda por obras ejecutadas desde el año 1996.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, reconoció la realidad de muchos contratistas, recordando que muchas de las obras ejecutadas en su provincia hace años no han recibido el reconocimiento económico por parte del Estado.
En ese sentido, el arquitecto Emiliano Familia, representante del CIC, formuló un llamado a todos los involucrados a darse cita al mediodía de este lunes para exigir la aprobación de la pieza frente a los diputados. «Hacemos un llamado solidario para que este lunes a las 12:00 del mediodía nos acompañen en la Cámara de Diputados, donde se conocerá el proyecto de ley que autoriza el pago de la deuda vieja a contratistas del CIC, ya aprobado este sábado por el Senado», resalta la convocatoria.
Aprobación del Senado
Al motivar la aprobación de la legislación, el senador Franklin Romero aclaró que la misma honra la memoria de muchos contratistas —algunos presentes durante la sesión y otros ya fallecidos— que construyeron y entregaron obras al Estado poniendo en riesgo su futuro económico, y cuyos trabajos no han sido reconocidos.
“Esta solicitud responde a una realidad humana de contratistas que hace años ejecutaron obras sin recibir una respuesta del Estado, habiendo cumplido con su trabajo. Es un proyecto que le devuelve la dignidad a quienes han cargado con el costo de una irregularidad; busca que se pueda verificar lo que ha pasado durante más de 30 años con obras que fueron ejecutadas y no han sido pagadas”, destacó el legislador.
El presidente de la Comisión Permanente de Obras Públicas del Senado, Félix Bautista, presentó al pleno un informe detallado sobre el proyecto y solicitó que la iniciativa fuera acogida de urgencia en los trabajos legislativos de este sábado. La normativa se conoció en sesión extraordinaria con la asistencia de 25 senadores.
La iniciativa tiene por objeto autorizar a las entidades de la administración pública, de manera excepcional y restrictiva, a eximir el cumplimiento de los procesos de selección establecidos en la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.
Esto permitirá reconocer trabajos realizados sin suscripción de contratos o adendas, y constituir los balances adeudados como deuda pública interna contraída por el Estado dominicano.
El reconocimiento involucra obras del Ministerio de Obras Públicas (MOPC), Educación (MINERD), el Instituto de Auxilios y Viviendas (INAVI) y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI). Asimismo, se incluyen el INAPA, la CPADP, la JCE, la CAASD y el Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN).
En el caso de la OISOE y el INVI, las obligaciones serán asumidas por su continuador jurídico, el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED). Los pagos se realizarán tras las validaciones dispuestas en la ley.
Una lucha constante
Los profesionales de la construcción han mantenido una lucha constante en reclamo de que se les pague lo adeudado. El punto de quiebre para este grupo de trabajadores fue la trágica muerte del arquitecto David Rodríguez, ocurrida hace casi nueve años, quien agobiado por las deudas acumuladas debido a los impagos del Estado, se quitó la vida en un acto de desesperación que sacudió a la comunidad profesional y al país.
Tras esta tragedia, 302 miembros del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) se agruparon para formar el Comité Institucional Codiano (CIC) con el propósito de reclamar el dinero que el Estado les debe y que asciende a 385 millones de pesos, según han sostenido los afectados.
Desde su formación hace más de ocho años, este comité ha enfrentado una serie de desafíos y obstáculos, con resultados hasta ahora decepcionantes.
La deuda acumulada por el Gobierno abarca contratos realizados con diversas instituciones gubernamentales, incluyendo el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) y el Ministerio de Educación (MINERD).
Por otra parte, figura el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), el Instituto Nacional de Vivienda (INVI), la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), entre otras entidades.
