SANTO DOMINGO.–.– La Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) ha expresado su firme rechazo al proyecto que modifica la Ley General de gestión integral y coprocesamiento de residuos sólidos (Ley 225-20), recién aprobado en la Cámara de Diputados porque, según la entidad, ignora por completo el sargazo, pese a su impacto directo y masivo en el sector turístico.
“El turismo y el medio ambiente dominicano requieren una ley de residuos sólidos que no sólo recoja basura, sino que proteja costas, impulse la economía circular y promueva la competitividad turística” dice la entidad y se manifiesta “sorprendida ante la inacción del Congreso frente a los efectos adversos del sargazo”, además de lamentar que el proyecto no lo declare como residuo sólido lo cual, a su juicio, impide su adecuada disposición final.
Como resultado, dice Asonahores, la ley no contempla mecanismos ni incentivos para su recolección, valorización o disposición, pese a que los hoteles destinan recursos millonarios para lidiar con las toneladas de esta macroalga que llegan a las costas del país.
Asonahores se puso a disposición de los legisladores para colaborar en la construcción de una ley equilibrada, sostenible y libre de prácticas monopólicas, para lo cual propuso un espacio de diálogo “técnico, plural y abierto, que incluya al sector turismo, los municipios, el sector ambiental y a las academias”.
El sargazo de la discordia
Además de que el texto incluya explícitamente el sargazo como residuo sólido, Asonahores sugirió a los legisladores la creación de un fideicomiso nacional integral para la gestión y valorización de la macroalga que se acumula en grandes cantidades en las costas del país y cuya limpieza y disposición final cuesta a los empresarios del turismo entre 30 y 70 millones de dólares cada mes.
Ya en junio pasado, Asonahores había propuesto la creación de ese fideicomiso que articule los esfuerzos públicos, privados y académicos para atender el ciclo completo de la macroalga, desde su recolección en mar y tierra hasta su disposición final o valorización, destacando de manera específica la falta de coordinación y las barreras que surgen cuando el sargazo no está clasificado como residuo especial.
Al mismo tiempo, Asonahores valoró las iniciativas existentes como la Mesa Presidencial del Sargazo, proyectos con la Unión Europea y el Banco Interamericano de Desarrollo, así como la red universitaria, pero advierte que aún faltan integración y un marco legal adecuado.
La entidad también pide revisar los mecanismos de tasas para que se basen en generación real de residuos y no ingresos brutos, así como eliminar las restricciones que puedan favorecer monopolios y garantizar la competencia.
Sugiere el gremio hotelero que se respete y proteja la autonomía municipal y que se establezca un proceso legislativo participativo, técnico y transparente.
¿Qué prevé el proyecto?
El proyecto modifica la Ley 225-20 con varios cambios clave que provocaron la reacción de la industria hotelera (segundo debate en Cámara de Diputados, pendiente en el Senado):
-Introduce tasas especiales que recaen en empresas, calculadas según ingresos brutos y tamaño corporativo, sin considerar la cantidad real de residuos generados.
-Autoriza mayores recursos para gobiernos locales, mediante un fondo y contribuciones por habitante a partir de 2026, para la recolección y equipos municipales.
-Establece límites a los gestores múltiples y restringe nuevas infraestructuras de valorización.
En resumen
Monopolio y competencia: El gremio advierte que la ley favorece prácticas monopólicas, restringe gestores y limita iniciativas privadas de valorización, lo que debilitaría la competencia
Impacto en certificaciones internacionales: Reconocen que los complejos turísticos están certificados bajo estándares de sostenibilidad y la reforma pone en riesgo esas credenciales al ignorar procesos actuales de valorización
Distorsiones fiscales: Critican que la contribución especial se base en ingresos brutos y no en la generación real de residuos, lo que es injusto con empresas que tienen altos ingresos pero baja generación de residuos, como agencias de viajes .
Descoordinación institucional: Señalan que la propuesta rompe los esfuerzos conjuntos entre sector público y privado, generando caos institucional y afectando la gobernanza ambiental.
Autonomía municipal: Asonahores advierte que centralizar tasas y recursos precariza la autonomía local, pudiendo comprometer la gestión eficiente de residuos a nivel municipal
