Por Escarlin Pozo
El Inmobiliario
SANTO DOMINGO.-Para la abogada en derecho inmobiliario Ana Bello existe una fórmula que permitirá que en la República Dominicana se logre reducir las malas prácticas dentro del sector inmobiliario.
Esta combinación incluye la incorporación de una legislación moderna, la regulación efectiva de la misma y la puesta en marcha de asesorías profesionales por parte de los trabajadores del mercado.
La especialista aseguró que los agentes inmobiliarios deben desempeñar el papel de asesores integrales durante el proceso que lleven a cabo con sus clientes, que va desde el inicio de la transacción hasta la entrega de la propiedad.
Asimismo, precisó que “deben trabajar en colaboración con otros profesionales como abogados, agrimensores y tasadores, asegurando que el proceso sea transparente y libre de irregularidades”.
A raíz del caso de Novasco Real Estate, en el que el Ministerio Público se apoderó por medio de la “Operación Guepardo”, alegando que cientos de personas fueron afectadas con la venta de propiedades falsas, manifestó que estas se pueden prevenir por medio de una serie de medidas a tomar en cuenta.
En primer lugar, indicó que se debe “realizar una debida diligencia tanto del inmueble como del desarrollador” antes comercializar un proyecto o de ejecutar una transacción inmobiliaria.
Ana Bello. (FUENTE EXTERNA).
“Es fundamental verificar la titularidad, las cargas y gravámenes, la parte fiscal, la calidad para disponer del vendedor y la existencia de permisos. Hay que asegurarse de que los contratos estén bien estructurados y sean firmados en tiempo oportuno”, abordó.
Por otra parte, Bello exteriorizó que las obras deben ser monitoreadas de manera constante para detectar cualquier irregularidad en el tiempo.
“Cualquier señal de alerta debe ser motivo de evaluación y, si es necesario, de una salida oportuna del negocio antes de que se convierta en una estafa”, agregó.
Dentro de sus recomendaciones, insta a acudir a inmobiliarias establecidas y exigir a los agentes inmobiliarios información precisa sobre cada proyecto, asegurando que es crucial contar con profesionales que demuestren experiencia y conocimiento en el área.
Al ser entrevistada por El Inmobiliario, mencionó que las agencias deben velar que sus clientes inviertan en proyectos de desarrolladores con trayectoria comprobada y, sobre todo, que tengan una capacidad financiera para responder ante cualquier inconveniente.
A su vez, recomendó que las personas opten por proyectos que cuenten con una administración fiduciaria, ya que proporciona “mayor seguridad a la inversión”.
Crecimiento constante
“A pesar de los desafíos, como el aumento de costos en materiales de construcción y algunos casos de estafas, el sector inmobiliario ha mantenido su crecimiento. Estos retos han impulsado la necesidad de fortalecer la seguridad jurídica y la confianza de los inversionistas”, planteó la abogada.
Declaró que las organizaciones, como la Asociación de Agentes y Empresas Inmobiliarias (AEI) y la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi), “están promoviendo iniciativas para proteger a los clientes y elevar los estándares del sector”.
Para dar peso a lo expresado anteriormente, agregó que el éxito del país en eventos como la Feria Internacional de Turismo (FITUR) demuestran que existe confianza en los inversionistas que ponen su mirada en el país.
“El hecho de que constructoras extranjeras estén llegando al país para desarrollar también demuestran que el sector se robustece”, comentó.
Legislación obsoleta
Esto lo expresó sin dejar de lado una realidad latente. La especialista destacó que República Dominicana cuenta con una legislación obsoleta que requiere atención.
Indicó que la ley 5038, sobre condominios y la legislación que regula los alquileres, “debe ser revisada con detenimiento porque ya no son operativas para el comportamiento del sector”.
En el proceso de actualización de este marco legal, propone que se debe exigir transparencia y documentación clara a inmobiliarias y agentes, fomentar capacitaciones y certificaciones obligatorias e implementar plataformas digitales que verifiquen la legalidad de proyectos y transacciones en el país.
