SANTO DOMINGO. – El ambientalista Luis Carvajal, miembro de la Comisión Medioambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), advirtió que cualquier referencia a “playa privada” en proyectos turísticos constituye una violación directa a la Constitución de la República y a la legislación ambiental vigente.
La nota de prensa con el anuncio de la apertura del renovado Santo Domingo Bay Convention Resort & Casino, en Boca Chica, indica claramente que entre sus atractivos cuenta con una “playa privada” y así lo ha reportado la prensa local que se hizo eco del acto inaugural.
Carvajal explicó que el ordenamiento jurídico dominicano establece con claridad el carácter público de las playas y de la franja costera. “Es importante que se sepa que constituye una violación a la Constitución de la República y a la Ley 305-68, así como a la Ley de Medio Ambiente 64-00, cualquier término que se refiera a una playa privada”, afirmó.
El ambientalista precisó que tanto la Constitución como las leyes sectoriales declaran inalienables, imprescriptibles e inembargables los primeros 60 metros de la franja costera.
“La Constitución, la Ley 305-68 y la Ley de Medio Ambiente establecen el carácter público obligatorio de los primeros 60 metros de costa. Son de uso abierto y público. Cuando un hotel habla de playa privada, está admitiendo o revelando una profunda violación”, sostuvo en declaraciones para El Inmobiliario.
Carvajal advirtió que la gravedad aumenta cuando este tipo de afirmaciones aparece en documentos oficiales o comunicaciones institucionales. “Si eso aparece en un documento público, los funcionarios de las instituciones vinculadas a ese proceso se hacen reos de sanción por violar la Constitución”, señaló.
El ambientalista fue consultado por este medio a raíz de la nota de prensa difundida con motivo de la inauguración del Santo Domingo Bay Convention Resort & Casino, acto encabezado por el presidente Luis Abinader, en la que se destaca entre las instalaciones del complejo una “playa privada”.
Para Carvajal, este tipo de formulaciones refuerza una narrativa que históricamente ha intentado normalizar la privatización de bienes comunes.
“Nosotros practicamos una oposición firme, desde el movimiento ambiental y el movimiento social, a cualquier intento de privatización de playas y de costas”, enfatizó.
Las playas en la República Dominicana están consideradas bienes de dominio público, por lo que ningún proyecto turístico puede restringir su acceso ni atribuirse su propiedad, aun cuando existan concesiones o permisos para uso hotelero en áreas colindantes.
