Presupuesto, inversión pública y gasto social concentran las prioridades definidas por el Ejecutivo en un Consejo de Ministros extendido, que sirvió para alinear metas, proyectos y sectores estratégicos en un contexto de presión política por resultados y eficiencia.
SANTO DOMINGO. – El Gobierno dominicano definió ayer las principales prioridades de inversión y gestión para 2026, colocando en el centro el presupuesto, los proyectos de inversión pública y el gasto social, con énfasis en infraestructura, educación, salud, vivienda y seguridad.
Así quedó establecido tras la reunión del Consejo de Ministros extendido encabezada por el presidente Luis Abinader, convocada para alinear planes institucionales, metas presidenciales y asignación de recursos, según informaciones divulgadas por la Presidencia de la República y el Ministerio de la Presidencia.
La reunión, celebrada en el Palacio Nacional, funcionó como un espacio de coordinación estratégica del Ejecutivo, en el que ministros y directores revisaron prioridades sectoriales y mecanismos de seguimiento, en lo que el Gobierno presenta como su hoja de ruta para 2026, de acuerdo con los comunicados oficiales.
Presupuesto: la base
El eje central de la planificación gubernamental para 2026 es el Presupuesto General del Estado, aprobado y remitido al Congreso con un monto que ronda los RD$1.84 billones, según datos oficiales del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de la Presidencia.
El mismo concentra una proporción significativa del gasto en servicios sociales y proyectos de inversión, manteniendo como principio la estabilidad macroeconómica, definida por el propio Ejecutivo como condición innegociable para el crecimiento y la atracción de inversión.
De acuerdo con las informaciones oficiales, el diseño presupuestario busca asegurar que las prioridades políticas se traduzcan en ejecución efectiva, una de las principales demandas ciudadanas y uno de los puntos recurrentes de crítica de la oposición política en los últimos meses.
Inversión: infraestructura, vivienda y servicios básicos
En segundo orden de relevancia, el Gobierno prioriza los proyectos de inversión pública, especialmente en infraestructura, agua potable, saneamiento, transporte y vivienda, con un objetivo de doble impacto: dinamizar la economía y generar empleo, al tiempo que se mejora la calidad de vida de la población.
El Ministerio de la Presidencia y el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones figuran entre las instituciones llamadas a ejecutar proyectos clave de desarrollo urbano y vivienda social, con énfasis en reducir el déficit habitacional, cifrado en más de 1.4 millones de unidades, y fortalecer la cohesión territorial, según los documentos oficiales de planificación gubernamental.
Marco de seguimiento y evaluación
El Consejo de Ministros extendido también permitió dar seguimiento a las llamadas metas presidenciales, que funcionan como hoja de ruta interna del Gobierno para el período 2024-2028, mismas que orientan la asignación de recursos, priorizan los proyectos y sirven para la evaluación del desempeño institucional, según ha explicado la Presidencia en comunicaciones previas.
El Ejecutivo busca que cada ministerio vincule su planificación y su presupuesto a estas metas, con mecanismos de monitoreo que permitirán medir avances y corregir desviaciones, en respuesta a reclamos de mayor eficiencia y rendición de cuentas.
Educación: mayor peso en el gasto social
La educación sigue como prioridad uno con la mayor asignación presupuestaria. El Ministerio de Educación concentra una de las partidas más elevadas del gasto público, en línea con el compromiso histórico de destinar un porcentaje significativo del presupuesto a este sector, según datos oficiales recogidos en el proyecto presupuestario y divulgados por el Gobierno.
Las prioridades incluyen infraestructura escolar (con impacto en la construcción), calidad educativa y fortalecimiento del sistema público, aspectos considerados estratégicos para el desarrollo del capital humano y la competitividad del país.
Seguridad y salud: sensibilidad social y económica
La seguridad ciudadana y la salud pública completan el núcleo de prioridades sociales del Ejecutivo.
En seguridad, el Gobierno mantiene su apuesta por la reforma policial y la modernización de los sistemas de prevención y control, temas recurrentes en las reuniones del Consejo de Ministros y en declaraciones oficiales del presidente Abinader.
Más allá de su impacto directo en la convivencia y la percepción ciudadana, la seguridad ocupa un lugar estratégico en la hoja de ruta del Gobierno por su relación con la protección de la inversión.
Desde la perspectiva del Ejecutivo, la estabilidad y la seguridad ciudadana son condiciones necesarias para garantizar la continuidad de proyectos de infraestructura, el desarrollo inmobiliario y la atracción de inversión privada, tanto nacional como extranjera, un enfoque que ha sido reiterado en comunicaciones oficiales de la Presidencia y en planteamientos del Gabinete de Seguridad.
En salud, el presupuesto contempla recursos para fortalecer la red hospitalaria y ampliar la cobertura de servicios, una línea de acción que el Ejecutivo ha reiterado como esencial para reducir brechas y responder a demandas sociales persistentes.
Resultados bajo escrutinio
La definición de esta hoja de ruta para 2026 se produce en un contexto político marcado por el escrutinio sobre la capacidad del Gobierno para ejecutar, más allá de planificar. Sectores de oposición política y analistas han cuestionado la lentitud o el alcance de algunos programas, mientras el Ejecutivo insiste en que la coordinación interinstitucional y el control del gasto serán claves en esta nueva etapa.
Abinader busca reforzar la ejecución de políticas públicas y responder así a los cuestionamientos de sectores opositores sobre eficiencia gubernamental y transparencia, además de enviar una señal de orden, alineación y foco en resultados, al colocar presupuesto, inversión y gasto social como pilares centrales de su estrategia económica y política.
Las prioridades definidas en este Consejo de Ministros extendido se traducen en mandatos obligatorios para todas las instituciones, lo que indica una intención de centralizar y hacer más rigurosa la gestión pública en lo que resta del mandato.
En términos políticos, esto también se interpreta como un esfuerzo por fortalecer la legitimidad del Ejecutivo y por demostrar resultados tangibles en sectores clave como educación, salud y seguridad, áreas con impacto directo en la percepción ciudadana sobre la gestión estatal.
