Dijeron que la palabra empeñada en campaña puede quedar enterrada bajo trámites inútiles y excusas administrativas.
SANTO DOMINGO.- A propósito de que durante el programa La Semanal con la Prensa del pasado lunes 11 del presente mes de agosto, el presidente Luis Abinader afirmó que el país hay que seguir mejorándolo y «caerle encima a todo», el grupo de ingenieros contratistas que demandan desde hace más de dos décadas el pago de obras entregadas, invitó al mandatario a iniciar su cruzada cumpliendo con esa deuda, que suman casi 400 millones de pesos.
Al citar los logros de sus primeros cinco años de Gobierno, el jefe de Estado afirmó en el tradicional encuentro con la prensa, que en República Dominicana hay que seguir mejorándolo todo y “caerle encima a todo”, si el deseo es avanzar a un desarrollo económico y social sostenible.
Al respecto, el Comité Institucional Codiano (CIC), exhortó al gobernante «empezar por resolver la deuda vieja de 390 millones de pesos que tiene el Estado con los contratistas aglutinados en esa entidad».
El arquitecto Emiliano Familia y el ingeniero Miguel Liberato, directivos del CIC afirman que en cinco años de la actual gestión “ no se le cayó encima a la deuda vieja, sino a los contratistas que han esperado por largos años el pago por obras entregadas, recibidas y usufructuadas por el Estado”
En un comunicado, aseguraron que mientras se destinan miles de millones a obras cuestionables y sin urgencia, “nuestras reclamaciones siguen atrapadas en un laberinto de observaciones y en el escándalo de documentos desaparecidos de archivos públicos, sin que se haya sancionado a un solo responsable”.
Los profesionales indicaron que el país necesita coherencia entre el discurso y la acción, tras hacer hincapié en que si el lema es “caerle encima a todo”, que también se aplique para hacer justicia a quienes construyeron este país y hoy son víctimas del abandono institucional.
Familia y Liberato entienden que la coherencia exige que también se le caiga encima a los temas en los que la gestión de Abinader ha fracasado, como el pago de los 390 millones de pesos que el Estado adeuda a 92 contratistas del CIC.
Aseguraron que “no hacerlo daña la seguridad jurídica, erosiona la confianza en las instituciones y envía un mensaje peligroso: que la palabra empeñada en campaña puede quedar enterrada bajo trámites inútiles y excusas administrativas”.
