Joan Gerardo Feliz
Especial para El Inmobiliario
La industria de la construcción en República Dominicana atraviesa un momento complejo que está impactando no solo a los desarrolladores y constructores, sino también —y especialmente— a quienes apuestan por una vivienda propia o una inversión inmobiliaria. Los aumentos significativos en los precios de los materiales de construcción, combinados con una preocupante escasez de mano de obra calificada, han generado un efecto dominó que se traduce en mayores costos y retrasos en los proyectos. Sin embargo, la realidad más cruda es que el peso de esta crisis recae principalmente sobre el comprador final, que paga los platos rotos de esta cadena.
Alza sostenida en precios de materiales: una presión constante
Según los datos oficiales de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), el Índice de Costos Directos de la Construcción de Viviendas (ICDV) ha registrado un incremento acumulado superior al 32.8% entre 2020 y 2024. Este incremento refleja el aumento en los principales insumos que componen el costo total de la construcción.
Destacan en particular los siguientes incrementos:
Acero corrugado: +58% en los últimos cuatro años, debido en parte a la variación del dólar y la demanda global.
Cemento tipo Portland: ha subido alrededor de un 27%, un producto indispensable en todo proyecto de construcción.
Madera para encofrado: aumento del 41%, provocado por la escasez internacional y el encarecimiento del transporte.
Costos logísticos: el transporte y la logística han subido un 38%, agravados por el alza en los combustibles y los fletes internacionales.
Este encarecimiento impacta directamente en los costos finales, pero más allá de eso, afecta la planificación financiera de miles de dominicanos que invierten sus ahorros en un proyecto habitacional, muchas veces en etapas tempranas, bajo la modalidad de compra en plano.
Compra en plano: una promesa bajo presión
La compra en plano ha sido un modelo ampliamente utilizado en el país por la accesibilidad financiera que ofrece y la posibilidad de adquirir una propiedad a un precio generalmente inferior al final del proyecto. Sin embargo, el contexto actual de inflación y escasez ha transformado este beneficio en una fuente de incertidumbre.
Los compradores que firmaron contratos hace dos o tres años con expectativas claras de precio y entrega ahora enfrentan una realidad distinta: entregas retrasadas, costos adicionales y cambios en las especificaciones que, en ocasiones, no fueron acordados formalmente.
La incertidumbre en los tiempos de entrega no solo genera incomodidad, sino que implica un costo financiero real: el dinero invertido se mantiene inmovilizado, mientras que los precios del mercado continúan subiendo. Además, para quienes dependen de financiamientos hipotecarios, las condiciones cambiantes dificultan aún más el acceso a créditos y la planificación del pago.
Mano de obra: el eslabón cada vez más débil
A esto se suma la problemática creciente en torno a la mano de obra especializada. La construcción es un sector intensivo en trabajo, y la escasez de personal calificado es uno de los principales retos que enfrentan los desarrolladores. La migración hacia otros sectores económicos con mejores salarios, junto a la falta de formación técnica adecuada, limita la capacidad de respuesta de las empresas constructoras.
Esta escasez genera múltiples efectos negativos:
Aumento en los costos salariales para atraer y retener talento.
Retrasos en las fases críticas de la obra.
Deterioro potencial en la calidad de la construcción, si no se logra un control riguroso.
Estos factores no solo elevan los costos, sino que afectan la confianza de los compradores, que ven cómo se extienden los tiempos de entrega y cómo su inversión se dilata.
¿Quién asume el costo final? El comprador
En teoría, las constructoras deberían asumir los costos derivados de estos incrementos. Sin embargo, en la práctica, la carga recae sobre el comprador final, que enfrenta un doble golpe: precios más altos y mayores tiempos de espera.
Esto sucede porque el mercado inmobiliario funciona bajo una lógica donde el consumidor, al firmar un contrato, acepta un precio que, en la mayoría de los casos, está sujeto a ajustes por inflación y variaciones en costos de insumos. Cuando estas alzas superan lo previsto, los desarrolladores suelen negociar incrementos o modificaciones que terminan en un desembolso mayor para el comprador.
Los bancos y entidades financieras, por su parte, también reaccionan con prudencia ante estas dinámicas, endureciendo criterios para préstamos hipotecarios, lo que limita aún más la capacidad del comprador promedio para acceder a su vivienda.
Impacto en el mercado y el desarrollo económico
Esta situación genera un efecto negativo en el mercado inmobiliario dominicano. Por un lado, la disminución de la confianza afecta la demanda, mientras que por el otro, los proyectos enfrentan mayores riesgos financieros y operativos.
El sector construcción representa un pilar fundamental para la economía nacional, no solo por su aporte al Producto Interno Bruto (PIB), sino también por su capacidad para generar empleos y dinamizar otras industrias relacionadas. Por ello, cualquier factor que limite su desarrollo impacta también en el crecimiento económico del país.
Propuestas y caminos a seguir
Frente a este panorama, es fundamental que el sector privado y público articulen acciones para mitigar estos efectos y proteger al comprador.
Contratos claros y justos: Es necesario que los contratos de compra incluyan cláusulas transparentes que expliquen cómo se manejarán los ajustes de precio por inflación o escasez, con límites que protejan al comprador.
Mayor supervisión y respaldo: Promover mayor fiscalización y garantías en los proyectos para asegurar que cumplan con plazos y especificaciones.
Formación técnica: Invertir en capacitación y formación de mano de obra especializada que permita mejorar la oferta y reducir los costos.
Incentivos estatales: El gobierno puede diseñar mecanismos que apoyen la producción de vivienda accesible y fomenten la estabilidad en precios y entregas.
Conclusión: Un llamado a proteger al comprador
En definitiva, la cadena de la construcción en República Dominicana enfrenta retos que requieren soluciones conjuntas y responsables. Sin embargo, en este escenario, hay una verdad innegable y contundente: el comprador final es quien paga los platos rotos.
Miles de familias dominicanas, profesionales jóvenes e inversionistas enfrentan hoy un mercado donde las promesas iniciales de compra se ven afectadas por alzas y demoras que van más allá de su control. Es momento de exigir mayor transparencia, protección y compromiso para que la vivienda, más que una fuente de incertidumbre, sea un derecho y una oportunidad para todos.
Porque si algo debe quedar claro es que, en el desarrollo inmobiliario dominicano, el que menos puede asumir los costos, no puede ser también el que cargue con las mayores pérdidas.
El autor es MBA, especialista en marketing digital, gerente de operaciones de constructora Incaribe, con más de 10 años de experiencia en el sector construccion y turismo.
