SANTO DOMINGO.-El Comité Institucional Codiano (CIC) denunció ayer que funcionarios del gobierno continúan orquestando «triquiñuelas» para dilatar e impedir el pago de una deuda de 385 millones de pesos que mantiene el Estado con 107 contratistas aglutinados en esa entidad.
La entidad sostuvo que ante las graves denuncias el actual presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), Carlos Eligio Mendoza Diaz, le solicitó al presidente Luis Abinader una reunión para ponerlo al tanto de las dificultades que afectan a los contratistas del CIC en las gestiones de cobro.
Anunció que el mandatario encargó al ex-ministro de Obras Públicas, ingeniero Deligne Ascención, para que le presente una solución en virtud de que unos ocho altos funcionarios no han aportado ninguna en el transcurso del tiempo que el mandatario lleva en el poder.
Los contratistas se reunieron con Deligne Ascención para coordinar solución al impago. (FUENTE EXTERNA).
Los 107 contratistas afectados involucran unos 143 proyectos que fueron terminados y entregados a 14 instituciones contratantes y que el Estado tiene largos años usufrutuando esas obras sin haber liquidado los trabajos ejecutados.
“El ingeniero Ascención debe prestar atención al hecho de que los constructores agrupados en el CIC han denunciado varias maniobras de las instituciones contratantes, que persiguen justificar el no pago de la referida deuda, argumentando que los acreedores no cumplen con los actuales requisitos legales”, expone el CIC en un documento enviado a El Inmobiliario.
Afirman los contratistas que otras acciones contra ellos se refiere al envío de solicitudes de pago al Ministerio de Hacienda sin determinados documentos que las instituciones contratantes deben anexar para la correcta tramitación.
Los constructores del CIC también se han quejado de que las instituciones contratantes, en algunos casos, argumentan la desaparición de documentos que deben estar en sus archivos, pero que además no hacen la más mínima coordinación con Hacienda para subsanar sus propias fallas.
“Se ha querido imputar a los constructores de que no tienen sus contratos registrados en la Contraloría General de la República, argumento que carece de veracidad, pues ese registro siempre ha sido responsabilidad del órgano rector del Sistema Nacional de Control Interno”, exponen.
Explican que desde agosto de 1954 estuvo vigente hasta el 2007 la ley 3894 que en su artículo 27 ordenaba que “todo contrato que demande la erogación de fondo público debe ser registrado en los libros que para tales fines tiene la Contraloría”.
Añaden que en el 2007 fue promulgada la ley 10-07, “la cual en el párrafo 3 del artículo 27 dice que la responsabilidad de registrar los contratos de obra es de una Unidad Técnica Administrativa de la Contraloría que funciona en cada institución contratante”.
“Se concluye en que todos los contratistas de obras estatales deben tener sus contratos registrados, salvo que la Contraloría no haya cumplido con la ley al ordenar el pago de avance inicial y/o cubicación, por lo cual los acreedores no deben cargar con responsabilidad alguna”.
Abundan que otro aspecto legal a considerar es que la ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas no se le pueda aplicar a la mayoría de obras con deudas viejas por cobrar, pues fueron contratadas antes de la promulgación de esa legislación.
Los directivos del CIC expresaron su esperanza de que con el empoderamiento de Ascención “se romperá el nudo gordiano que habrían armado las instituciones contratantes para poner dificultades al pago de las deudas viejas a contratistas de obras estatales”.
