SANTO DOMINGO.- El “proyecto de Ley que regula los servicios inmobiliarios y el contrato de corretaje”, que se conoce en la Cámara de Diputados, plantea un grupo de requisitos que deberán cumplir quienes deseen operar una franquicia internacional de bienes raíces en la República Dominicana, de aprobarse la pieza legislativa.
El artículo 16 establece que para su autorización en el país, toda persona física o jurídica deberá cumplir con un grupo de requisitos.
“Presentar por ante el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes una solicitud debidamente firmada por el solicitante y el representante de la empresa inmobiliaria, juramentada y legalizada por un notario público, y llenar el formulario que para esos efectos prepare el Ministerio”, sostiene.
Agrega que la casa matriz de la franquicia tendrá un representante en la República Dominicana con domicilio, residencia permanente y una oficina abierta con domicilio conocido.
“Este representante deberá tener licencia de corredor inmobiliario del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes y cumplir con todos los requisitos consignados en la ley”.
Añade que la oficina de la casa matriz en la República Dominicana será solidariamente responsable con sus franquiciados por cualquier acción u omisión que cometa cualquier corredor, agente, asistente en ventas vinculado a la persona o empresa inmobiliaria que tenga la franquicia.
“Cumplir con todos los requisitos que especifica esta ley para una empresa inmobiliaria. Pagar por concepto de solicitud de licencia para operar la tasa fijada por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, en el reglamento interno, y que nunca será igual o menor de las personas físicas».
No se conoció ayer
La pieza legislativa fue colocada para ser conocida en la sesión de ayer martes de la Cámara de Diputados, sin embargo, no ocurrió. Se espera que para la sesión de hoy miércoles pueda ser presentada. Está siendo propuesta por Braulio Espinal, diputado por Santiago; Edward Enrique Cruz Asunción, diputado en el exterior; Indhira Shary De Jesús Morla, diputada por la provincia Santo Domingo; y Charles Noel Mariotti Paz, diputado por el Distrito Nacional.
El documento de 25 páginas plantea como primer objetivo “proteger la relación jurídica entre el proponente y el corredor de bienes raíces o sus agentes y mantener la confianza del mercado inmobiliario, derivado del negocio jurídico que surge con motivo de la intermediación de los corredores de bienes raíces o sus agentes”.
