Economistas plantean las múltiples variables que podrían afectar al país, de ser aprobado el proyecto.
SANTO DOMINGO.- Representantes de los sectores nacionales acudirán a las 10:00 a.m. de este jueves 17 de octubre a la vista pública, convocada por la Cámara de Diputados, para escuchar sus opiniones y propuestas en torno al proyecto de ley de Modernización Fiscal, presentado la pasada semana por el gobierno y que estudia actualmente la Cámara Baja.
Aunque durante esta semana la Comisión de Hacienda de ese hemiciclo, encargada de estudiar el proyecto, ha escuchado más de 10 delegaciones de empresarios, incluyendo el sector construcción, en el día de hoy se abrirán las puertas del Congreso Nacional, para recibir a los diversos sectores sociales que deseen plantear sus inquietudes y propuestas sobre la pieza de la autoría del Poder Ejecutivo, a través de la cual el gobierno procura recaudar RD$ 122,486.6 millones anuales.
«Los participantes que deseen hacer exposiciones deben entregar sus ponencias por escrito o en versión digital, con anterioridad o el mismo día de la celebración de estas vistas públicas”, expresó el presidente de la comisión, diputado Francisco Javier Paulino.
Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados dijo ayer, tras concluir la jornada del miércoles, que la jornada de hoy jueves tiene hora de inicio, pero no de acabar. Según Pacheco, los congresistas trabajarán «sin hora de conclusión» para permitir que todos los participantes inscritos cuenten con el tiempo necesario para exponer sus inquietudes sobre la reforma fiscal y sus sugerencias de cambios, incluyendo quienes hayan asistido que podrán exponer nuevamente.
Lo que plantean economistas
Algunos especialistas han planteado las consecuencias económicas adversas que podría generar el proyecto para el país, entre ellas inflación, devaluación del peso, disminución de la inversión extranjera, entre otros puntos.
En el caso de la inflación, el aumento de impuestos sobre bienes y servicios podría trasladarse a los precios finales, generando un incremento generalizado en el costo de vida; en lo relativo a la devaluación del peso, la incertidumbre económica y la posible salida de capitales pueden presionar a la baja el valor del peso dominicano frente a otras monedas, considera uno de los economistas consultados por El Inmobiliario, que pidió omitir su nombre.
Sostiene que un aspecto considerado como una amenaza para el desarrollo inmobiliario, sería la reducción de la inversión extranjera, con la eliminación de exenciones fiscales que podría conducir a que la República Dominicana sea menos atractiva para los inversores extranjeros, quienes podrían buscar mercados con condiciones fiscales más favorables.
«La desaceleración de sectores clave como el turismo, la construcción y el inmobiliario, que han sido motores importantes del crecimiento económico, podrían experimentar una desaceleración debido a la eliminación de incentivos fiscales y al aumento de costos operativos», apuntó.
Expuso sobre la disminución del crecimiento económico y aumento del desempleo, destacando que la combinación de los factores anteriores puede llevar a una contracción económica, afectando negativamente el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y aumentando las tasas de desempleo.
“En resumen, aunque la reforma busca aumentar las recaudaciones fiscales, los efectos negativos sobre la economía podrían contrarrestar estos beneficios. La contracción económica resultante de la inflación, la devaluación del peso, la reducción de la inversión extranjera y la desaceleración de sectores clave podría llevar a una disminución del crecimiento económico y un aumento del desempleo”, planteó el especialista.
La eliminación selectiva o desmonte gradual que depende del avance en el desarrollo, es la metodología que considera prudente al tratar los incentivos, Francisco Taveras, economista y catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), tomando en cuenta que de la misma manera que existen enclaves turísticos bien desarrollados, todavía la República Dominicana se enfrenta a desafíos en la línea Noroeste y Suroeste.
“La inversión pública puede servir de aliada a la privada, y los incentivos no tienen razón para circunscribirse solo a lo impositivo. Se puede seguir incentivando a través de la mejora de los servicios públicos, el desarrollo de buenas infraestructuras y elevando el nivel de educación de las zonas turísticas”.
De su lado Magin Díaz, exdirector de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) sugirió esta semana elaborar un plan gradual a 10 años, para llevar a cabo los cambios que a su entender, requiere el Impuesto al Patrimonio Inmobiliario (IPI).
Expuso que se trata de un impuesto que hay que modificar, ya que apenas recauda el 0.1% del Producto Interno Bruto (PIB), cuando en los demás países de América Latina, representa casi el 1%.
