La construcción como motor económico
La construcción en la República Dominicana representa aproximadamente el 7% del Producto Interno Bruto (PIB) y genera más de 400,000 empleos directos e indirectos, según datos de la Cámara Dominicana de la Construcción. Este sector no solo impulsa la economía, sino que también es clave para el desarrollo urbano y la inversión extranjera. Sin embargo, los retrasos recurrentes en los proyectos de construcción se han convertido en un problema estructural que afecta a todos los actores del sector: desarrolladores, compradores, inversionistas y, por extensión, a la economía nacional.
Cada retraso no es simplemente un aplazamiento; representa una deuda silenciosa que termina pagando todo el país. Se traduce en sobrecostos, erosión de la confianza y oportunidades de inversión perdidas, afectando tanto al mercado inmobiliario como a la planificación urbana y al acceso a vivienda digna.
Impacto económico de los retrasos
Los retrasos prolongados pueden aumentar los costos de un proyecto entre un 10% y 12% sobre el presupuesto original, incluyendo gastos operativos adicionales, penalizaciones contractuales y la necesidad de rehacer trabajos. Entre 2020 y 2024, el Índice de Costos Directos de la Construcción de Viviendas (ICDV) aumentó un 32.8%, según la Oficina Nacional de Estadística (ONE).
Los incrementos en insumos clave han sido significativos: el acero corrugado subió 58%, el cemento Portland 27%, la madera 21% y la electricidad 15%, lo que genera presión constante sobre los desarrolladores y obliga a reajustar presupuestos y cronogramas. Esto afecta directamente la rentabilidad de los proyectos y, en muchos casos, retrasa la entrega de viviendas, afectando la percepción del sector y la confianza de los compradores.
Causas de los retrasos
Burocracia y trámites administrativos
Uno de los factores más relevantes son los retrasos provocados por la burocracia. Obtener permisos de construcción y licencias ambientales puede tardar meses debido a la falta de coordinación entre instituciones y la ausencia de una ventanilla única que centralice los trámites. Esto genera paralizaciones al inicio y durante el desarrollo de los proyectos, lo que se traduce en mayores costos y retrasos en la entrega de viviendas.
Escasez de mano de obra calificada
La falta de personal especializado en albañilería, electricidad, carpintería y otras áreas técnicas genera cuellos de botella y eleva los costos laborales. La Cámara Dominicana de la Construcción estima que al menos un 35% de los proyectos enfrenta retrasos atribuibles a la falta de personal calificado, un porcentaje que ha aumentado en los últimos años debido a la migración de trabajadores hacia otros sectores económicos y la insuficiente formación técnica local.
Incremento y volatilidad en los precios de materiales
La subida constante y la volatilidad de precios de materiales esenciales —acero, cemento, madera, electricidad— obligan a los desarrolladores a ajustar presupuestos y cronogramas, generando retrasos inevitables. Esta situación se ha vuelto más crítica en el contexto post-pandemia y con las fluctuaciones del dólar, que afectan los costos de importación de insumos.
Factores financieros y de liquidez
Los retrasos en desembolsos de bancos, financiamiento de proyectos o pagos de compradores e inversionistas interrumpen el flujo de caja, paralizando temporalmente las obras. Las tasas de interés hipotecarias han aumentado en promedio 3 puntos porcentuales en los últimos tres años, complicando la planificación financiera de desarrolladores y compradores.
Consecuencias de los retrasos
Los efectos de los retrasos son amplios y afectan distintos niveles del sector:
Aumento de costos y sobreprecio al consumidor: Cada mes de demora representa gastos adicionales en operaciones, financiamiento y mantenimiento, que finalmente encarecen las viviendas.
Pérdida de confianza: Los retrasos recurrentes erosionan la credibilidad de las constructoras y desalientan la inversión, afectando la captación de capital para nuevos proyectos.
Impacto en la economía nacional: La construcción representa un porcentaje importante del PIB. Los retrasos limitan la generación de empleo formal, afectan la recaudación fiscal y retrasan infraestructuras estratégicas como viviendas sociales, carreteras y complejos comerciales, comprometiendo la planificación urbana del país.
Déficit habitacional persistente: La falta de entrega oportuna de viviendas contribuye a que el déficit habitacional se mantenga como un problema estructural. La ONE estima que más de 1.2 millones de familias dominicanas carecen de acceso a una vivienda adecuada, y los retrasos solo agravan esta situación.
Estrategias para mitigar los retrasos
Planificación y gestión eficiente: La implementación de metodologías como el Building Information Modeling (BIM) permite prever problemas y optimizar recursos, identificando cuellos de botella antes de que se conviertan en obstáculos.
Capacitación continua: La formación de la mano de obra local en técnicas modernas de construcción aumenta la productividad y reduce errores que podrían generar retrabajos.
Digitalización de procesos: Plataformas de gestión de proyectos facilitan la comunicación entre todos los actores involucrados y aceleran la toma de decisiones.
Coordinación público-privada: Simplificar trámites y establecer plazos claros mediante alianzas estratégicas garantiza que los proyectos se ejecuten con mayor certeza y menor riesgo de retraso.
Conclusión
Los retrasos en la construcción no son un problema menor; representan una deuda silenciosa que paga todo el país. Cada proyecto demorado impacta precios, confianza y desarrollo urbano, y mantiene el déficit habitacional como un desafío estructural. La industria debe asumir la responsabilidad, implementar soluciones innovadoras y coordinarse con el Estado para que estas demoras dejen de ser la carga que limita el acceso a vivienda digna y retrasa el progreso económico.
La planificación, disciplina y modernización no son opcionales; son urgentes si queremos que la construcción siga siendo un verdadero motor de desarrollo sostenible en República Dominicana. Cada día que se pierde en burocracia, falta de planificación o ineficiencia es un día que se paga caro: no solo en pesos, sino en confianza, oportunidades y desarrollo para el país.
