SANTO DOMINGO– El senador por la provincia La Altagracia, Rafael Duluc (Cholitín), aclaró que ayer que aunque la Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial Uso de Suelo y Asentamientos
Humanos, faculta a los distritos municipales con más de 15 mil habitantes a gestionar sus propios arbitrios, su aplicación plena aún depende de un reglamento que debe emitir el Poder Ejecutivo mediante decreto.
Durante una entrevista concedida a El Inmobiliario en el marco del panel “La verificación en tiempos de difamación”, celebrado en Punta Cana, el legislador sostuvo que la normativa no puede implementarse de forma efectiva sin ese instrumento complementario.
“La ley tiene muchas especificaciones que deben ser complementadas por el reglamento de aplicación. Hasta que no salga, es difícil aplicar esa ley porque tiene muchos elementos que la imposibilitan”, explicó el legislador al referirse al conflicto entre el Distrito Municipal de Verón-Punta Cana y el Ayuntamiento de Higüey, que ha generado dificultad entre los constructores de la zona este dominicana.
Duluc recordó que esta situación no es nueva y se remonta a cuando él era alcalde del municipio cabecera, durante el periodo 2020-2024, tras sostener que tiene información de que el reglamento se encuentra en una etapa de revisión final por parte de un equipo técnico del Poder Ejecutivo.
“No se redacta conjuntamente con los distritos ni los ayuntamientos. El reglamento lo hace un equipo técnico del Poder Ejecutivo. Pueden escuchar opiniones, pero no tienen que hacerlo en conjunto”, afirmó.
Ante la negativa del Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed) de aceptar los permisos emitidos únicamente por Verón, Duluc recomendó a los desarrolladores seguir tramitando sus permisos como se ha venido haciendo, en coordinación con ambas demarcaciones.
“Lo que tienen que hacer los constructores es continuar como se hacía antes. Hay un acuerdo entre Verón e Higüey que todavía está vigente. Es decir, deben buscar los permisos de las dos partes”, indicó el senador.
El conflicto ha generado tensiones entre ambas autoridades locales, dado que Verón asegura tener base legal para operar su propia Oficina de Planeamiento Urbano y emitir permisos de construcción, mientras que el Mivhed insiste en no validar esos documentos hasta tanto no se emita el reglamento correspondiente.
