SANTO DOMINGO.-Con algunas modificaciones, el Senado de la República aprobó la tarde de este martes el proyecto que modifica la Ley 16-92, que aprueba el Código de Trabajo de la República Dominicana, una pieza que se propone fortalecer las condiciones entre los trabajadores del país.
La iniciativa busca modernizar el Código de Trabajo para mejorar las condiciones laborales, garantizar derechos fundamentales y fortalecer aspectos como la no discriminación, la conciliación de conflictos y las regulaciones sobre horas extras, suspensión de contratos y licencias.
El pleno del Senado acogió las modificaciones a la reforma laboral entre las que destacan el artículo 3 del proyecto de reforma laboral, el cual prohíbe toda forma de discriminación en el ámbito laboral por motivos de sexo, género, edad, raza, origen, opinión política, militancia sindical, orientación sexual, discapacidad o creencia religiosa, salvo las excepciones previstas por la ley para la protección del trabajador.
Asimismo, se aclara que no se consideran discriminatorias las distinciones basadas en las calificaciones requeridas para un puesto específico.
Asimismo, el pleno aprobó eliminar el artículo 83 y acogió la modificación al artículo 88, el cual establece las causas bajo las cuales un empleador puede dar por terminado un contrato laboral mediante despido.
Entre otras de las modificaciones que fueron conocidas a la reforma laboral, se destaca el cambio introducido al artículo 511, que busca agilizar el proceso de conciliación. La propuesta establece plazos específicos para la designación del juez conciliador, la notificación de la demanda y la citación a audiencia, garantizando que entre esta última y su celebración medie un mínimo de ocho días francos.
El artículo 722 del proyecto de reforma laboral establece que los fondos recaudados por concepto de multas serán incorporados al presupuesto del Ministerio de Trabajo. Estos recursos serán destinados al fortalecimiento de los servicios ofrecidos a los usuarios.
Con estas disposiciones, el Senado de la República avanza en la construcción de un marco legal laboral más moderno, justo y eficiente, que fortalezca los mecanismos de control institucional, promueva la equidad en el empleo y garantice una mayor protección a los derechos de los trabajadores y empleadores en la República Dominicana.
