La semana pasada leí en El Inmobiliario el interesante artículo “Las rentas cortas necesitan algo más que regulación”. Su reflexión me dejó pensando porque aborda un punto esencial: antes de regular una actividad, debemos comprender correctamente qué estamos regulando.
Comparto esa preocupación y agregaría otra: debemos comprenderla y actuar a tiempo.
Las rentas cortas llegaron para quedarse. Han creado oportunidades para propietarios e inversionistas, ampliado las alternativas de alojamiento y contribuido al dinamismo de determinados destinos turísticos y zonas urbanas.
Por eso, la discusión no debería comenzar preguntándonos cómo limitarlas, sino cómo lograr que funcionen correctamente dentro de una comunidad.
Ahí aparece una dimensión fundamental: el derecho a invertir y el derecho a convivir.
Quien compra un inmueble tiene legítimo interés en obtener el mejor rendimiento posible de su inversión. Pero quien adquiere una vivienda para residir también tiene derecho a tranquilidad, seguridad y una convivencia razonablemente previsible.
Ninguno de esos derechos debería imponerse automáticamente sobre el otro. Existe, además, un tercer elemento que no podemos desconocer: la vivienda cumple una función social y su accesibilidad constituye una preocupación legítima de cualquier sociedad.
Yo estoy en el negocio inmobiliario. Naturalmente quiero que una inversión produzca rentabilidad. Pero también entiendo que tenemos una responsabilidad social que no podemos dejar fuera de la ecuación.
La rentabilidad no puede ser nuestro único indicador.
Cuando determinadas zonas resultan más atractivas para el alquiler temporal que para el residencial, pueden producirse presiones sobre los precios, la disponibilidad de viviendas y la convivencia. Sería incorrecto atribuir los problemas habitacionales exclusivamente a las rentas cortas, pero tampoco sería prudente ignorar su posible incidencia.
Las experiencias de España y ciudades como Nueva York y París deben servirnos para observar y aprender. Son realidades diferentes a la dominicana y no debemos copiar automáticamente sus soluciones. Sin embargo, nos recuerdan que cuando los problemas se dejan crecer, las respuestas pueden llegar bajo presión y resultar excesivamente restrictivas.
Por eso debemos actuar a tiempo, pero no para prohibir. Debemos actuar para pensar, dialogar y ordenar.
Un edificio residencial tradicional no necesariamente funciona igual que uno concebido desde su origen para estadías de corta duración. La entrada y salida de visitantes, los controles de acceso, las áreas comunes, el ruido, los estacionamientos y la seguridad requieren reglas acordes con cada realidad.
No se trata de imponer un mismo modelo a todos los edificios, sino de establecer condiciones claras y conocidas por quienes compran para invertir y por quienes compran para vivir.
Aquí tenemos una responsabilidad especial los profesionales inmobiliarios.
Cuando promovemos un proyecto como “Airbnb friendly” o adecuado para rentas cortas, no deberíamos limitarnos a destacar su potencial de rentabilidad. Debemos explicar qué significa esa modalidad, cuáles serán las reglas de convivencia, qué establecen los documentos del proyecto, quién administrará las estadías y qué costos implica.
También debemos ser prudentes con las rentabilidades proyectadas. Una cosa es presentar escenarios sustentados en información del mercado y otra muy distinta convertir una expectativa en una promesa.
Después de tantos años en este sector sigo convencido de que vender es servir, y servir significa ayudar al comprador a comprender no solamente cuánto podría ganar, sino qué está comprando y dentro de qué comunidad está invirtiendo.
Los desarrolladores también tienen una responsabilidad: definir desde el origen del proyecto si estará orientado a rentas cortas y bajo cuáles condiciones. La transparencia desde el principio puede evitar conflictos futuros entre propietarios con expectativas diferentes.
Las autoridades, por su parte, deben procurar reglas claras y equilibradas. Pero considero que el propio sector inmobiliario debe tomar la iniciativa, promover el diálogo y proponer soluciones antes de que los conflictos nos impongan decisiones apresuradas.
No creo que la respuesta esté en prohibir por prohibir ni en permitir sin condiciones. No podemos priorizar la rentabilidad hasta olvidar la convivencia, ni proteger la convivencia hasta hacer inviable la inversión.
La inversión necesita seguridad y la convivencia necesita respeto. Ambas necesitan reglas claras.
El momento de construir ese equilibrio es ahora, no cuando los conflictos nos obliguen a improvisar.
Lecturas recomendadas:


